El gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación y el Registro Nacional de Población e Identidad, prepara una inversión de hasta 520 millones de pesos para asegurar el almacenamiento y gestión de la nueva CURP biométrica. Este proyecto, cuya implementación está prevista para octubre de 2025, busca fortalecer la identidad digital de los ciudadanos mediante el resguardo de información sensible como huellas dactilares, fotografía, firma e incluso escaneo de iris.
La contratación no contempla servidores físicos, sino servicios de nube híbrida y multinube con vigencia hasta 2028. El modelo exige la integración de al menos dos de los tres principales proveedores globales (AWS, Microsoft Azure o Google Cloud), además de interoperar con la infraestructura gubernamental existente. El objetivo es garantizar alta disponibilidad, respaldo continuo y un nivel robusto de ciberseguridad ante eventuales amenazas.
El pliego técnico establece requisitos estrictos: cifrado de datos en tránsito y en reposo, residencia de la información en centros de datos ubicados en Norteamérica y autenticación multifactor para controlar accesos. Además, se contemplan herramientas de inteligencia artificial que respalden el reconocimiento facial y el cotejo de huellas.
Aunque la solicitud actual corresponde únicamente a una etapa de cotización, el proceso evidencia la magnitud y complejidad del reto. La apuesta por infraestructura multinube refleja un intento de diversificación tecnológica, pero plantea interrogantes sobre el costo, la soberanía digital y la capacidad del Estado para administrar con eficacia un proyecto de tal alcance.