Durante un extenso encuentro con medios en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó que ciertos sectores de la población estarían dispuestos a aceptar un liderazgo más autoritario. Esto ocurre en paralelo a su decisión de aumentar el control federal en Washington D.C. y aplicar nuevas medidas represivas, como la penalización del acto de quemar la bandera estadounidense.
“Dicen que soy un dictador… pero quizás a muchos les guste un dictador”, declaró el mandatario, para luego corregirse asegurando que no simpatiza con regímenes autoritarios y se define como una persona de “gran sentido común”. No obstante, sus acciones recientes —como el despliegue de la Guardia Nacional y la asunción del mando sobre cuerpos policiales locales— han intensificado las críticas sobre su estilo de gobierno.
En lo que va del mes, Trump ha enviado tropas a la capital estadounidense con el argumento de frenar la delincuencia, y no descarta hacer lo mismo en otras ciudades como Chicago y Baltimore, gobernadas por demócratas. Esta estrategia ha generado confrontaciones con autoridades locales, como el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, quien se opone rotundamente a la militarización de sus calles.
Además, el presidente firmó una orden ejecutiva que impone penas de cárcel a quienes quemen la bandera nacional, a pesar de que la Corte Suprema dictaminó en 1989 que este acto está protegido por la libertad de expresión. También instruyó al secretario de Defensa a establecer una nueva unidad dentro de la Guardia Nacional destinada al control del orden público en Washington, y pidió eliminar las fianzas sin pago en efectivo. Los demócratas advierten que estas medidas representan una preocupante expansión del poder presidencial más allá de los límites constitucionales.
