La informalidad laboral en México ha alcanzado un máximo histórico, con 34.1 millones de personas trabajando en el sector informal hasta julio. La cifra, la más alta desde que existen registros, es un claro síntoma de un crecimiento económico que no genera suficientes empleos formales, lo que obliga a millones de mexicanos a buscar sustento sin las protecciones legales y sociales básicas.
Este fenómeno tiene consecuencias devastadoras que van mucho más allá de la disparidad de ingresos, donde un trabajador informal gana menos de la mitad que uno formal. La falta de acceso a la seguridad social, servicios de salud, pensiones y ahorros para la vivienda condena a millones a la precariedad y los expone a una vulnerabilidad extrema. A nivel macroeconómico, la informalidad es un freno para el desarrollo, ya que reduce la base tributaria del país y limita la capacidad del gobierno para financiar servicios públicos esenciales.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales para formalizar la economía, el aumento de estas cifras demuestra que las políticas implementadas no han sido suficientes para revertir la tendencia. La informalidad es un círculo vicioso: una economía débil empuja a los trabajadores a la informalidad, lo que a su vez debilita la economía, perpetuando un ciclo de baja productividad y desigualdad. La magnitud del problema subraya la urgencia de un cambio estructural que garantice oportunidades laborales dignas y seguridad social para todos los ciudadanos.
