El choque entre Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, ocurrió durante una sesión legislativa y se transformó en una confrontación física visible en el recinto. Testigos y cámaras registraron empujones y golpes en la clausura de una sesión previa, lo que derivó en un escándalo público que reavivó acusaciones previas entre ambos políticos y obligó a convocar nuevas sesiones extraordinarias para abordar el episodio y sus consecuencias.
En respuesta al incidente, la Comisión Permanente aprobó un pronunciamiento que condena la agresión y pidió medidas para evitar que episodios de violencia se repitan en el Congreso. Durante la jornada, legisladores de distintas bancadas intercambiaron reproches sobre la responsabilidad de lo ocurrido y sobre si debía procederse con sanciones o denuncias penales. La aprobación del pronunciamiento buscó mostrar una posición institucional frente a la violencia en el recinto y atender la indignación pública generada por las imágenes
Tras el enfrentamiento se multiplicaron las medidas formales: ambos bandos anunciaron denuncias ante la Fiscalía y Moreno incluso presentó una solicitud para incorporarse al Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores, aduciendo amenazas derivadas del conflicto. Paralelamente, personas agredidas en el altercado —incluido personal de la Cámara— informaron de lesiones y prepararon acciones legales, por lo que el episodio no quedó sólo en un choque discursivo sino que escaló hacia vías judiciales y protocolos de protección.
El choque también tiene repercusiones políticas: la oposición intentó capitalizar el suceso, pero la confrontación dejó a varios partidos evaluando si sumarse o distanciarse del episodio para no alimentar la polarización. Por su parte, el oficialismo utilizó la situación para reforzar un relato de unidad y condena a la violencia, mientras actores como Movimiento Ciudadano optaron por mantenerse al margen de la sesión extraordinaria para no “hacerle el juego” al enfrentamiento. En conjunto, el incidente recalienta la agenda política hacia 2027 y reaviva disputas sobre comportamiento y responsabilidad de dirigentes.
