Un tribunal federal de Australia ha condenado a España a pagar 469 millones de euros a una empresa australiana por impagos de subsidios a energías renovables. Esta sentencia, la número 26 en contra del país en arbitrajes internacionales, eleva el costo total al erario público a 1,870 millones de euros. El tribunal rechazó la defensa de «inmunidad soberana» de España, lo que ahora abre la puerta a embargos de activos estatales en el extranjero. Esta situación es la culminación de una serie de reformas energéticas iniciadas hace más de una década que recortaron los subsidios a los inversionistas en proyectos de energía solar y eólica.
La decisión judicial no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una política de recortes retroactivos que rompió la confianza de los inversionistas. En un intento por controlar el llamado «déficit de tarifa», los gobiernos sucesivos redujeron drásticamente las primas que se habían prometido a las empresas, lo que provocó una avalancha de demandas. El costo financiero de estas decisiones es ahora un problema de magnitud considerable para las finanzas públicas españolas.
Los analistas advierten que la situación es insostenible y que el costo total de las condenas podría superar los 10,000 millones de euros. En lugar de continuar con una estrategia legal que ha demostrado ser ineficaz, la recomendación de los expertos es que España debe negociar un acuerdo para evitar que la cifra siga creciendo con intereses y costos legales. El caso es un recordatorio del riesgo financiero que se genera cuando se cambian de forma abrupta las reglas del juego para la inversión.
