La Red Compartida, proyecto insignia de telecomunicaciones lanzado en la administración de Enrique Peña Nieto, enfrenta un rezago evidente frente a sus objetivos iniciales. Altán Redes, empresa operadora bajo esquema de Asociación Público-Privada, reportó al cierre de junio de 2025 una cobertura de 83.8% de la población —94.1 millones de personas en más de 137 mil localidades—, cifra confirmada en el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.
El dato contrasta con la promesa de alcanzar 92.2% en 2024 y con declaraciones de la propia compañía que aseguraban superar 95%. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) pospuso la meta hasta 2028, con un hito intermedio de apenas 85% en 2027. En la práctica, esto significa que millones de habitantes en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas aún carecen de cobertura significativa, mientras que entidades como Sonora superan el 90%.
En lo financiero, Altán Redes muestra un panorama más alentador: inició 2025 con ganancias operativas por primera vez en su historia y cerró 2024 con 9,150 millones de pesos en facturación, casi 40% más que en 2023. Además, es el único operador con presencia en más de 10 mil localidades donde antes no existía cobertura de ningún proveedor.
El desafío persiste: la conectividad se expande, pero a un ritmo inferior al comprometido. Entre avances económicos y retrasos técnicos, la Red Compartida refleja la tensión entre metas políticas ambiciosas y limitaciones estructurales.
