El III Foro Latinoamericano de Economía Verde ha comenzado en Sao Paulo con un claro llamado a la acción. En el evento, que sirve de antesala para la cumbre climática global COP30 en Brasil, se discutió la necesidad de transformar el discurso sobre la sostenibilidad en políticas económicas concretas. El foco principal es la justicia climática, una noción que sugiere que los países más ricos deben financiar la transición de las naciones en desarrollo, ya que son los que más han contribuido al cambio climático.
Sin embargo, el camino hacia una economía verde en América Latina está lleno de obstáculos financieros. Se estima que la región necesita movilizar miles de millones de dólares en inversión pública y privada para financiar proyectos de energía renovable, transporte sostenible y agricultura inteligente. Aunque el interés en los mercados de carbono está creciendo, el flujo de capital sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades de la región. El reto no solo es atraer inversión, sino garantizar que esta se dirija a proyectos que beneficien a las comunidades locales y que no exacerben la desigualdad.
El clamor por la justicia climática en foros como este es una demanda legítima, pero la verdadera prueba será si los países de la región pueden superar las barreras financieras y políticas para implementar sus propias agendas de desarrollo sostenible. La transición a una economía verde no será posible sin un compromiso financiero masivo, tanto a nivel nacional como internacional.
