El Congreso de Argentina dio un paso significativo al rechazar el veto del presidente Javier Milei y confirmar una ley que refuerza la financiación destinada a personas con discapacidad. Esta es la primera vez que una medida del mandatario es revocada por el Poder Legislativo, marcando un momento clave en medio de un contexto político y judicial tenso.
La normativa, originalmente aprobada en julio, declara la emergencia en el área de discapacidad y busca resolver pagos atrasados a prestadores de servicios de salud. Además, introduce un nuevo sistema para calcular pensiones por discapacidad y garantiza la continuidad de los servicios hasta diciembre de 2027. La decisión fue celebrada por cientos de personas que se manifestaron frente al Congreso, entre ellos trabajadores del sector y familiares de personas afectadas.
El Senado votó con una amplia mayoría: 63 legisladores apoyaron la ley frente a solo 7 en contra, luego de que en agosto la Cámara de Diputados también se pronunciara en rechazo al veto presidencial. Esta votación se da en un contexto complicado para el gobierno, envuelto en un escándalo de supuesta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, que incluso ha involucrado a la hermana del presidente Milei.
El mandatario había anticipado que, en caso de que su veto fuera revocado, recurriría a la vía judicial para evitar que la ley tuviera impacto en el gasto público. Sin embargo, el Congreso ratificó la urgencia de atender una deuda social con uno de los sectores más vulnerables del país. A semanas de elecciones clave, el episodio representa un golpe político para el oficialismo y una victoria simbólica para quienes defienden los derechos de las personas con discapacidad.
