El paquete económico para 2026, presentado por el nuevo gobierno, es un documento crucial que delinea el rumbo fiscal del país. Analistas señalan que su principal reto será la gestión del elevado déficit fiscal, que se estima en un 6%, con la meta de reducirlo a un 4.9%. El documento debe equilibrar el compromiso del gobierno con el gasto social y la necesidad de mantener la disciplina fiscal para tranquilizar a los mercados y a las agencias de calificación.
Entre las medidas más destacadas del paquete se encuentra la eliminación de la deducción de impuestos a las contribuciones de los bancos al IPAB, una decisión con la que el gobierno espera recaudar cerca de 10 mil millones de pesos anuales. Otra iniciativa en discusión es el posible aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de bebidas azucaradas, con el objetivo de generar ingresos adicionales. Estas medidas buscan fortalecer la recaudación sin una reforma fiscal integral, que el gobierno ha descartado.
La importancia del paquete trasciende lo fiscal. Analistas advierten que 2026 será un año de gran incertidumbre debido a la revisión del T-MEC y a las dudas sobre la reforma judicial. Por ello, el paquete debe ser una señal de solidez y coherencia para los inversionistas, ya que será el termómetro de la confianza del mercado en el futuro de la economía mexicana.
