El Congreso de la Unión y las autoridades federales han promovido reformas legales para regular con mayor precisión el transporte de sustancias y materiales peligrosos en México. Entre los cambios destaca la NOM-002-SCT-SEMAR-ARTF/2023, norma que sustituye a la versión anterior de 2011, y que amplía el listado de sustancias reguladas, incorpora criterios internacionales (como la Reglamentación Modelo de la ONU), y fija requisitos más estrictos de embalaje, envase y cuantías permisibles.
Otra normativa relevante es la NOM-011-1-SCT-2/2022, que especifica condiciones para el transporte de mercancías peligrosas embaladas o en cantidades exceptuadas, con particular atención al marcado, etiquetado y documentación exigible para dichos envíos.
El objetivo declarado de estas reformas legales es reforzar la seguridad en las vías de comunicación federales —terrestres, marítimas y aéreas— proteger el medio ambiente, prevenir riesgos sanitarios y evitar accidentes graves. Además, se busca alinear la normativa nacional con estándares internacionales para facilitar el transporte interno y el comercio transfronterizo.
No obstante, expertos han señalado posibles desafíos en la implementación: capacitar a todos los actores involucrados, garantizar la vigilancia y cumplimiento efectivo de las nuevas obligaciones, así como prever costos adicionales para transportistas, fabricantes de envases y autoridades reguladoras. El éxito dependerá de que estas normas no se queden en letra muerta, sino que se traduzcan en procesos operativos claros y recursos adecuados.
