Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) desde su creación hasta su desaparición adjudicó aproximadamente alrededor de 15 mil 308 millones de pesos, a distintas empresas, las cuales han sido señaladas por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) como “empresas fachada”. Del año 2022 al 2024, la citada organización denunció que Alimentación para el Bienestar, ente público que sustituyó a Segalmex, otorgó contratos a razones sociales como Konkistolo S.A. de C.V., Family Duck, Abastémade, Grupo Pelmu y Todólogos.com, por un poco más de $1mil 984 millones de pesos, estas empresas igualmente se les ha identificado como factureras y/o no localizadas.
Entre la primera denuncia y la segunda transcurrieron de 4 años, ambas tienen elementos en común, los accionistas o administradores únicos, son adultos de alrededor de 24 a 49 años, que sin tener conocimiento de los emprendimientos realizados a su nombre y que a través de las empresas que aparentemente constituyeron o administran, obtuvieron lucrativos contratos con Segalmex, hoy Alimentación para el Bienestar, los domicilios manifestados, resultan ser oficinas, casas, o predios desocupados y en el mejor de los casos ocupados por terceras personas o empresas, que desconocen, si las empresas o accionistas o administradores buscados alguna vez habitaron esos domicilios, los contratos son firmados por apoderados que no conocen, no cuentan con trabajadores o empleados, sus contratos se adjudicaron directamente, o por invitación a cuando menos tres proveedores, en procedimientos en los que coinciden los mismos proveedores.
Robo de identidad, suplantación de persona, amnesia de estos emprendedores, la verdad, es que no lo sabemos. En su oportunidad la Secretaría de la Función Pública inició investigaciones por Segalmex directamente y otras a través de los Órganos Internos de Control de Liconsa y Diconsa, el resultado acuerdos de archivo en los que se determinó la no responsabilidad de los servidores públicos, y que hay de la responsabilidad administrativa de los particulares, no lo sabemos. La renombrada Secretaría hoy de Anticorrupción y Buen Gobierno, los Titulares de los Órganos Internos de Control de Liconsa y Diconsa, así como, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República, a través de alguna de sus Fiscalías Especializadas, por la denuncia en contra de las adjudicaciones realizadas por Alimentación para el Bienestar, Liconsa, Diconsa y los proveedores adjudicados, no se tiene noticia de la existencia del inicio de alguna investigación administrativa y/o penal, o la existencia de procedimientos de responsabilidades y penales que deriven resoluciones o sentencias absolutorias o en la imposición de sanciones y penas, a los responsables.
Es necesario que aquellos señalados como accionistas o administradores únicos se constituyan como víctimas y denuncien, que han utilizado sus nombres, documentos de identidad oficial para instrumentalizar actos jurídicos como la constitución de empresas, para la asunción de obligaciones vía contratos, convenios o pedidos, entre otros; sí, es cierto y necesario. Que no hay daño a la Hacienda Pública Federal, porque los bienes o los servicios se prestaron en ocasiones en tiempo y forma, con atraso o medio mal, por lo que no hay una falta administrativa grave y/o un delito que perseguir, también lo podrán decir, si hay una investigación, que así lo sustente.
Personalmente me surge la siguiente duda, ¿quiénes son realmente los beneficiarios finales de esas historias de éxito empresarial? Si los identificados con nombre y apellido en las actas constitutivas y contratos, dicen en entrevista para MCCI, que no son los beneficiarios de los millones de pesos de una actividad empresarial triunfante, porque viven modestamente en casas, apartamentos propios, rentados o familiares, en sus testimonios, se advierte que son personas como tú, yo, o alguien que conocemos, que trabajan de 8 a 12 horas al día, para cubrir los gastos de una casa, proveer a la familia de lo necesario, sin que sea el último pensamiento de su día, el montar una empresa, que se constituirá en proveedora del gobierno federal; no por falta de interés; sino, porque, hay compromisos que atender cada quincena o mes, y no existe la posibilidad de un ahorro o este es muy modesto, por lo que, no alcanza para constituir un capital social que permita dejar ese trabajo de lunes a sábado, al que se le dedica un poco más del 80% del día a día.
Hipótesis para tratar de dar una explicación a esos hechos denunciados, podemos generar muchas, en este mundo de posibilidades, que va desde que pueden ser homónimos las personas a las que identificó MCCI, o que una vez descubiertos estos niegan sus cuantiosos ingresos por un tema de seguridad personal, o son testaferro o prestanombres de alguna(s) personas y prefieren negarlo mil veces antes de admitir el contubernio, o realmente fueron objeto de un robo de identidad o suplantación, o no hay falta administrativa o hecho ilícito en toda esa trama, solo es un complot de los detractores del gobierno en turno; y, otras más que se les ocurra, lo cierto es, que para refutar o confirmar cualquiera de estas hipótesis, es necesario que se investigue de preferencia por autoridades administrativas y/o penales.
Pero no esas investigaciones de escritorio que inician con un “rinda un informe pormenorizado de los hechos descritos en la nota periodística de fecha…”, investigaciones que realmente se orienten a conocer y reconstruir los hechos que ocurrieron, esa realidad histórica soportada y corroborada mediante distintos medios. En estas investigaciones es importante conocer quién es el beneficiario final de los frutos de esas actividades empresariales de éxito como proveedores de gobierno.
El beneficiario final o como en nuestra legislación se le denomina beneficiario controlador, es la persona física que en última instancia posee o controla un cliente y/o una transacción a su nombre, y/o ejerce en última instancia un control efectivo final sobre una empresa o una estructura jurídica corporativa, como lo son los fideicomisos. Por qué es importante identificar a esta persona física, porque permite identificar quien o quienes están en la estructura o en la toma de decisiones de sujetos colectivos que se tratan ocultarse bajo un velo corporativo, localizar sus activos dentro de esa u otras estructuras empresariales, fundaciones, asociaciones y/o estructuras jurídicas corporativas, dentro de una o varias jurisdicciones, así como los otros controladores, su nivel de participación directo o indirecto.
Todos los caminos llevan a Roma, aquí esta frase popular se reconstruye como “todas las rutas del dinero nos llevarán al beneficiario final”, para ello se requiere que nuestras autoridades administrativas y penales, tengan el compromiso de combatir la impunidad, la voluntad de erosionar los cimientos en los que están asentados los sistemas de corrupción que han dirigido miles de millones de pesos a los bolsillos de alguno(s) que hoy no sabemos sus nombres, pero claro que existen, y tal vez, solo tal vez, pasaron unas excelentes vacaciones en algún destino de los viejos continentes del mundo.
El marco normativo vigente otorga las atribuciones suficientes a las autoridades administrativas y penales detonen líneas de investigación orientadas a conocer al o los beneficiarios finales de los casos de corrupción denunciados desde la sociedad civil, investigar con propósito de conocer la verdad, es darle aplicabilidad a la norma, combatir la corrupción, e impedir la impunidad. La coordinación de las autoridades en las labores de investigación, es un mandato de ley, es procedente y pertinente corroborar la exactitud y veracidad de la información que es proporcionada, recabada, y generada por personas físicas, morales, autoridades y otras figuras jurídicas obligadas, los métodos, mecanismos, modelos y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, a través del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para fines Fiscales, no son teóricas y doctrinales, son verdaderos instrumentos para conocer la identidad de los delincuentes, localizar y retornar activos, combatir el lavado de dinero, la corrupción y el financiamiento al terrorismo.
Se tienen los medios para cambiar historias de impunidad, para que esos miles de millones de pesos que hoy se encuentran escondidos en complejas estructuras de propiedad y control, se dirijan al que fue su destino original mejorar las condiciones de vida y desarrollo del pueblo mexicano, al que le prometieron “bienestar”, pero que hoy tal vez, utilizan sus datos personales para enriquecer a quién no quiere dar la cara ni el nombre, porque tiene el control y poder para hacerlo, siendo el único beneficiario final.
