El Senado de la República aprobó por unanimidad (106 votos) una reforma al artículo 73 constitucional que otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir una Ley General en materia de extorsión, con el fin de unificar tipificaciones, sanciones y procedimientos en todo México. El dictamen partió de una iniciativa promovida por la Presidencia y fue presentada en la Comisión de Puntos Constitucionales por el senador Óscar Cantón Zetina.
La iniciativa responde a la evidencia de un crecimiento constante de la extorsión, que en 2025 alcanzó un promedio de casi 30 casos diarios, cifra que representa un aumento cercano al 57 % respecto a 2018. Además, según datos oficiales, en 2023 las unidades económicas registraron pérdidas por 124 mil millones de pesos derivadas de este delito.
Los legisladores señalaron que la disparidad normativa entre estados ha favorecido la impunidad. Por tanto, la reforma pretende cerrar esos vacíos al establecer un marco homogéneo, fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno y garantizar atención integral a víctimas, ofendidos y testigos. Sin embargo, algunos opositores subrayan que la reforma por sí sola no será suficiente: advierten que si no se acompaña de una estrategia operativa robusta —dotada de recursos, capacitación y seguimiento— corre el riesgo de convertirse en letra muerta.
De forma procedente, el decreto aprobado el 24 de septiembre fue enviado para su ratificación a los congresos estatales y al de la Ciudad de México. Una vez cumplido ese trámite y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso tendrá un plazo máximo de 180 días para expedir la Ley General correspondiente. Aunque representa un paso legislativo de peso, el éxito de esta reforma dependerá del firme diseño institucional y político para traducirla en resultados reales contra un delito arraigado en múltiples dimensiones.
