El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica solicitó este martes al Congreso el levantamiento de la inmunidad constitucional del presidente Rodrigo Chaves para poder procesarlo por su presunta intromisión en la campaña electoral de 2026. Esta solicitud llega después de que la Asamblea Legislativa rechazara, hace dos semanas, un pedido similar de la Fiscalía General en un caso de corrupción.
El TSE agrupó 15 denuncias presentadas contra Chaves, relacionadas con su participación en asuntos políticos, lo que violaría la prohibición constitucional de los mandatarios de influir en las candidaturas o partidos políticos durante el periodo electoral. Los procedimientos legales podrían resultar en la destitución de Chaves o en su inhabilitación para ocupar cargos públicos, lo que incluiría una posible prohibición de reelección inmediata.
El presidente, por su parte, ha acusado al TSE de actuar con parcialidad política y de intentar imponerle restricciones, argumentando que la suspensión de la propaganda gubernamental, tanto en medios tradicionales como en redes sociales, es una «mordaza». Mientras tanto, el clima electoral en Costa Rica se ve marcado por la polarización y la creciente fragmentación política, con la candidata oficialista Laura Fernández partiendo con una ligera ventaja en las encuestas.
Los comicios, previstos para febrero de 2026, se desarrollan en un contexto de inseguridad creciente debido al avance del narcotráfico, lo que ha generado récords de homicidios en el país.
