El Gobierno italiano ha adoptado su proyecto de presupuestos, que contempla recaudar más de €12.8 mil millones (13.5 mil millones de dólares) del sector bancario y asegurador durante el periodo 2025-2028. Esta medida es parte de una estrategia fiscal más amplia destinada a financiar un aumento en el gasto social, principalmente en el sistema nacional de sanidad, y a cumplir con los rigurosos objetivos de reducción del déficit exigidos por las nuevas normas fiscales europeas.
La primera ministra, Giorgia Meloni, y el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, han calificado esta acción como un «sacrificio» o «contribución» necesaria del sector financiero, que se ha beneficiado de los altos tipos de interés. Para 2025, el Ejecutivo espera obtener al menos €3.5 mil millones de este sector, buscando evitar una repetición del fallido intento de gravar los «superbeneficios» bancarios en 2023, que provocó pánico en los mercados y una caída en picado de la Bolsa de Milán.
El mecanismo actual se centrará en suspender temporalmente la deducción de activos fiscales diferidos (DTA) para bancos y aseguradoras durante 2025 y 2026. Este método, más técnico, busca generar los ingresos extraordinarios requeridos sin la volatilidad de un impuesto directo a las ganancias.
No obstante, la estrategia es inherentemente crítica. Si bien el gobierno asegura que los fondos se destinarán a las necesidades de los ciudadanos y a rebajas fiscales para las rentas medias-bajas, la dependencia de ingresos ad-hoc de los bancos subraya la fragilidad de las finanzas públicas italianas y su elevada deuda. La presión constante para generar ingresos a partir de sectores específicos podría, a largo plazo, comprometer la inversión y la estabilidad del propio sector financiero.
