El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que de los 970 servidores públicos que solicitaron una liquidación anticipada, sólo cuenta con recursos para cubrir 461, es decir, menos del 50 % de las peticiones registradas.
Según lo declarado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, el presupuesto inicialmente asignado para el programa de retiro voluntario aumentó de 100 millones a 350 millones de pesos ante la carga de solicitudes, pero aún así no es suficiente para atender la demanda.
La cifra de solicitudes representa un aumento significativo respecto a los años anteriores: en 2021 fueron alrededor de 400 trabajadores, y en 2022 ascendió a 500.
Desde un enfoque crítico, esta situación plantea al menos dos retos fundamentales:
- Presupuestal: Que una institución electoral estratégica para la democracia enfrente limitaciones para cumplir con compromisos laborales básicos genera un riesgo de desestabilización interna y erosión de confianza.
- Organizativo y de gobernanza: La avalancha de solicitudes podría estar relacionada con expectativas de reforma electoral, lo que implicaría una alineación entre planificación institucional y visión de largo plazo; sin embargo, el hecho de que no se haya garantizado la cobertura completa sugiere debilidad en la previsión financiera y operativa del INE.
En conclusión, el INE enfrenta un escollo serio: equilibrar la necesidad de renovar o reordenar plantilla mediante procesos voluntarios, con la obligación de garantizar los derechos laborales de sus empleados. La falta de recursos para cumplir con más de la mitad de las solicitudes advierte una tensión que deberá resolverse sin afectar la autonomía o la eficacia del organismo.
