En una coordinación inusual entre colectivos de familiares de personas desaparecidas, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR), bomberos y peritos forenses, este jueves se dio inicio formal a una jornada de búsqueda de restos humanos en la reserva del Ajusco, al sur de la Ciudad de México.
La zona, que por su orografía y dificultad de acceso ha sido señalada como probable sitio de ocultamiento de restos, fue recorrida por más de 400 personas que cavaron, abrieron maleza y exploraron barrancas en la esperanza de encontrar indicios de entre 130 y 150 cuerpos, según estimaciones de los colectivos participantes.
Las familias denuncian que ante la aparente inacción o lentitud institucional, tuvieron que asumir la iniciativa para avanzar en las indagatorias. Una de ellas afirma: “Es una zona sola, es por eso que a la gente se les da la facilidad de venir a tirar los cuerpos”.
Desde una perspectiva crítica, este operativo plantea dos reflexiones relevantes: primero, la insuficiencia de las instituciones de procuración de justicia y búsqueda ante un fenómeno de desapariciones que, para la capital, no cuenta con cifras públicas actualizadas confiables. Segundo —y quizá más preocupante— que el trabajo colectivo cobra protagonismo ante la ausencia del Estado, lo que expone las cargas físicas, emocionales y financieras que enfrentan las familias.
En definitiva, la iniciativa en el Ajusco no puede verse únicamente como un acto de voluntariado heroico, sino más bien como una señal de urgencia nacional respecto al rezago en políticas públicas de búsqueda, localización e investigación de personas desaparecidas.
