29 de octubre de 2025
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Javier Milei impulsa reforma laboral clave ante nueva correlación en el Congreso de la Nación Argentina

Con mayoría ampliada en el Congreso argentino, Milei lanza su reforma laboral que incluye salarios dinámicos, banco de horas y profundización de la flexibilización.

El presidente argentino Javier Milei ha fortalecido su posición en el Congreso de la Nación Argentina, lo que le permite avanzar con determinación en una reforma laboral que había quedado estancada. Según medios, esta nueva correlación parlamentaria allanó el camino para presentar el proyecto ante la Cámara de Diputados.
El paquete oficial contempla modificaciones profundas al régimen laboral vigente, entre las que destacan el establecimiento de “salarios dinámicos” —es decir, actualizaciones basadas en productividad individual o empresarial en lugar de convenciones por rama—, la adopción de contratos negociados por empresa o región, la ampliación del período de prueba de tres a seis u ocho meses, y la introducción de un “fondo de cese” como alternativa a la indemnización por despido. 
A su vez, Milei solicitó la convocatoria de sesiones extraordinarias para “tramitar” no sólo el presupuesto 2026, sino también la reforma laboral y otros instrumentos económicos clave. 
Desde una mirada crítica, destacan dos aspectos relevantes:

  • La reforma, si bien es vista favorablemente por sectores empresariales que la califican de “oportunidad histórica”, ha generado fuerte rechazo en sindicatos y organizaciones laborales que advierten sobre el riesgo de precarización de las condiciones de trabajo y erosión de derechos.
  • El hecho de aprovechar una correlación legislativa favorable plantea interrogantes sobre los mecanismos de diálogo social, la inclusión de la representación sindical y el equilibrio entre flexibilidad productiva y estabilidad laboral.
    En resumen, esta ofensiva legislativa marca un punto de inflexión en la política laboral argentina bajo el mandato de Milei, con efectos que podrían trascender el ámbito nacional —incluyendo impactos en inversión, empleo formal e informalidad— según evolucione el debate en el Congreso.

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