El gobierno estatal del Estado de México, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), desplegó el operativo denominado “Operación Caudal”, que intervino 189 inmuebles en 48 municipios, clausurando 51 pozos y 138 tomas clandestinas ligados al comercio ilegal de agua.
Según el gobierno estatal, el suministro de agua potable para los hogares no se vio alterado por la acción, y la red pública se mantiene estable gracias al respaldo de los organismos municipales y de la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM).
Las autoridades explicaron que la medida busca romper cadenas de extracción y comercialización ilícita de agua —considerada también como “huachicol del agua”— que operaban con permisos irregulares o sin autorización, con precios hasta 59 % más altos que la tarifa regulada en ciertas zonas.
Desde una perspectiva analítica, estos puntos clave merecen atención:
- Si bien la intervención es positiva desde la perspectiva del combate a la ilegalidad y la preservación de un recurso público, surge la duda sobre si la garantía de no afectar el suministro doméstico se concretará en la totalidad de localidades, ya que algunos reportes de usuarios y purificadoras denuncian interrupciones o desabasto temporal.
- Por otra parte, el operativo expone que la sofisticación de redes ilegales de agua es alta y está integrada por organizaciones locales, lo que plantea que la sola clausura de pozos no será suficiente si no se complementa con regularización, modernización de redes y mayor participación ciudadana.
En conclusión, el Estado de México da un paso hacia la recuperación de la integridad del sistema hídrico estatal ―al desmantelar estructuras ilegales― pero el verdadero desafío será consolidar que el acceso (y la calidad) del servicio mejore para las comunidades más vulnerables y que las medidas sean sostenibles en el tiempo.
