El edil Carlos Manzo, quien asumió la alcaldía de Uruapan en diciembre de 2024, contaba con un dispositivo de seguridad oficial desde el inicio de su gestión, que en mayo de 2025 fue reforzado. Según el Gabinete de Seguridad federal, la operación involucraba a 14 elementos de la Guardia Nacional asignados a su protección personal y al municipio.
El funcionario había declarado públicamente su preocupación por la escalada de violencia en la zona y había solicitado apoyo federal para frenar el avance de bandas delictivas. Lo que resulta especialmente alarmante es que, con ese nivel de resguardo, el homicidio evidencia no sólo la audacia de los grupos criminales que operan en la región, sino también la posible insuficiencia estructural de las medidas de seguridad vigentes.
Los indicios preliminares señalan que el arma utilizada está vinculada a enfrentamientos entre dichas organizaciones. Este hecho cuestiona el modelo de protección aplicado: ¿es suficiente la asignación de agentes si los circuitos delictivos mantienen capacidad operativa ? Además, alerta sobre la necesidad de revaluar la estrategia de seguridad en municipios con alto índice de violencia, donde el resguardo institucional ha sido históricamente frágil.
En suma, la muerte del alcalde con protección oficial plantea una interrogante mayor: no basta con desplegar recursos nor-malizados de seguridad cuando el entorno criminal es excepcionalmente complejo. Se requiere un análisis profundo del diseño operativo, ministerial y político para revertir esta amenaza persistente.
