El sector asegurador en México se prepara para un cambio fiscal significativo. A partir del 1 de enero de 2026, las compañías de seguros estarán obligadas a pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los servicios que ofrecen, un cambio que forma parte de la Ley de Ingresos de la Federación aprobada por el Congreso. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) ha confirmado que este gravamen tendrá un impacto directo en las finanzas del sector y, potencialmente, en el costo para el consumidor.
Este nuevo gravamen surge del análisis crítico del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quienes han defendido la medida como una vía para aumentar la recaudación fiscal y corregir una exención que consideraban injustificada.
Desde una perspectiva económica y crítica, la obligación de pagar el IVA genera una doble preocupación. La primera es la incertidumbre sobre el costo final de las primas. Aunque la ley podría permitir a las aseguradoras trasladar el costo del IVA a las primas, lo que las encarecería, el sector buscará un «mecanismo de compensación» para no impactar directamente al cliente final.
La segunda preocupación es el riesgo de menor penetración del seguro. México ya tiene uno de los niveles más bajos de cobertura de seguros en América Latina. Un aumento en el costo podría desincentivar a los hogares y a las PYMES de adquirir pólizas, lo que, paradójicamente, aumentaría el riesgo financiero del país ante catástrofes y siniestros, en lugar de fortalecer la resiliencia económica.
