La economía de los hogares mexicanos está sintiendo la presión de la incertidumbre económica global y la escalada de las tensiones comerciales con Estados Unidos. Si bien el «superpeso» ha mostrado una notable fortaleza, el país no es inmune a los choques externos, que se traducen en un aumento de los costos y una disminución de la estabilidad financiera para las familias.
El principal factor de impacto es la inflación importada. La política de aranceles y la fragmentación de las cadenas de suministro globales han encarecido la importación de insumos clave, desde maquinaria hasta materias primas. Las empresas trasladan este aumento de costos a los consumidores, lo que se refleja en una inflación persistente en productos básicos. A pesar de que el dato general de inflación se ha moderado, la subida de precios en alimentos, energía y transporte es la que más golpea el presupuesto de las familias de bajos y medianos ingresos.
Críticamente, las amenazas de aranceles del 100% por parte de la administración estadounidense sobre las importaciones mexicanas, utilizadas como palanca de negociación en temas migratorios, generan una volatilidad cambiaria que afecta la planificación a largo plazo de las empresas. El miedo a una guerra comercial frena la inversión productiva y, por ende, la creación de empleos formales de alta calidad, que son el verdadero motor para mejorar el poder adquisitivo de las familias.
La estabilidad económica de México, apoyada por las remesas récord y el nearshoring, se ve desafiada por esta doble presión. La política de la nueva administración debe enfocarse en mitigar el impacto inflacionario en los bienes esenciales y asegurar la continuidad de las cadenas de valor para proteger la economía familiar.
