Estados Unidos ha comenzado a operar un sistema de vigilancia migratoria que va mucho más allá de los puestos fronterizos tradicionales. El Departamento de Seguridad Nacional ahora equipa a sus agentes con dispositivos móviles capaces de capturar biometría —rostro, huellas e incluso iris— y verificarla en segundos contra bases federales. El sistema, conocido como Mobile Biometrics, elimina la necesidad de oficinas de procesamiento y lleva la tecnología directamente a las calles.
Pero el cambio más profundo ocurre en el plano digital. Nuevos contratos gubernamentales incorporan plataformas de inteligencia artificial que monitorean publicaciones abiertas en redes sociales, foros y otros sitios públicos. Estas herramientas identifican patrones, correlacionan datos y generan alertas automatizadas cuando detectan actividad considerada riesgosa en el contexto migratorio. La supervisión es permanente: 24/7 y sin necesidad de que la persona interactúe físicamente con una autoridad.
Los críticos advierten que el alcance es excesivo. La retención de información puede extenderse hasta 75 años, sin consentimiento explícito del individuo y con parámetros legales ambiguos. Organizaciones civiles exigen auditorías externas y límites claros sobre qué datos pueden recopilarse y cómo se utilizan.
El Gobierno defiende el sistema como una modernización necesaria para agilizar verificaciones y reforzar seguridad. Sin embargo, este nuevo ecosistema plantea un precedente: la vigilancia ya no distingue entre lo presencial y lo digital, generando un entorno donde la privacidad queda supeditada a algoritmos difíciles de supervisar.
