El gobierno de Francia ha reafirmado su postura intransigente sobre el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, declarando que el pacto «aún no es aceptable». Esta posición, liderada por el presidente Emmanuel Macron y su ministra de Agricultura, se mantiene como el principal obstáculo político y económico para la entrada en vigor del acuerdo, negociado durante más de dos décadas.
La crítica francesa se centra en la competencia desleal que las importaciones agrícolas de Mercosur (principalmente carne de vacuno, azúcar y arroz) supondrían para los agricultores europeos, quienes están sujetos a estándares ambientales y sanitarios mucho más estrictos y costosos. París exige la inclusión de «cláusulas espejo» y un robusto mecanismo de salvaguardia agrícola que permita suspender las importaciones si estas amenazan con desregular el mercado europeo o si los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) incumplen los compromisos climáticos del Acuerdo de París.
Desde una perspectiva económica, la resistencia de Francia tiene un alto costo de oportunidad para otros sectores europeos, como la automoción y la maquinaria, que se beneficiarían enormemente de la eliminación de los altos aranceles impuestos por el bloque sudamericano. Sin embargo, la potente influencia del lobby agrícola francés convierte la protección de la soberanía alimentaria en una prioridad política.
La división franco-alemana en este tema es notable, ya que Alemania y España presionan por la ratificación para consolidar la influencia de la UE frente a potencias como China. La persistencia del rechazo francés garantiza que el acuerdo seguirá congelado hasta que los países del Mercosur acepten concesiones ambientales y de control sanitario significativamente más estrictas.
