La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reactivado un litigio fiscal entre el SAT y FEMSA por 2,868 millones de pesos, equivalente al 14 % de sus utilidades reportadas en los primeros nueve meses de 2025. El giro procesal se da tras una primera negativa del pleno a atraer el caso, revertida días después por impulso de la ministra Lenia Batres.

Este cambio inesperado ha generado preocupación entre fiscalistas e inversionistas, que ven comprometida la seguridad jurídica. La decisión se percibe como un posible precedente de reversibilidad de sentencias ganadas por los contribuyentes, lo que puede elevar el riesgo legal para grandes empresas en México.

FEMSA, que ya había realizado pagos millonarios al SAT en 2020 por adeudos anteriores, enfrenta ahora un nuevo escenario judicial, justo cuando el entorno regulatorio se endurece. A partir de 2026, el IEPS a bebidas azucaradas se duplicará a 3.08 pesos por litro, lo que afectará directamente a Coca-Cola FEMSA, su filial embotelladora.

La empresa ha anunciado medidas de eficiencia operativa y sustentabilidad para mitigar el impacto del nuevo gravamen. Sin embargo, el crecimiento limitado en volumen de ventas (4.2 % entre 2018 y 2024) contrasta con el alza del 34.4 % en valor, lo que refleja un modelo de negocio cada vez más presionado por regulaciones fiscales y de salud pública.

La reapertura del juicio fiscal no solo plantea implicaciones financieras para FEMSA, sino que podría convertirse en una señal de alerta para otras compañías con litigios fiscales pendientes. La percepción de que la Corte actúa bajo influencias externas debilita la confianza en el sistema judicial y podría tener consecuencias sobre la inversión privada en el país.