El Tribunal Supremo de Francia (Corte de Casación) ha ratificado la condena penal contra el expresidente Nicolas Sarkozy en el llamado caso de la financiación de la campaña presidencial de 2012, conocido como caso Bygmalion. El fallo, que pone fin al proceso de apelación más alto, confirma la violación de las normas de financiación al superar ilegalmente los límites de gasto electoral.

Esta ratificación es un hito legal que subraya la estricta aplicación de la ley de compliance y la gobernanza en las finanzas políticas francesas. Aunque Sarkozy no fue acusado de malversación directa, el caso se centra en la falsificación de facturas para ocultar el sobregasto, lo que se traduce en un fraude a la transparencia financiera.

Desde una perspectiva crítica, la condena, que lleva aparejada una pena de prisión en suspenso y una multa, tiene un impacto financiero y de riesgo reputacional masivo en la política y los negocios en Francia. El caso Bygmalion se ha convertido en un símbolo de la corrupción política y la falta de transparencia en la gestión de fondos.

La fiscalización estricta de las cuentas de campaña es esencial para garantizar la equidad en el proceso democrático y la confianza de los inversores. La decisión del Tribunal Supremo reafirma que, incluso para las figuras políticas más poderosas, el Estado de Derecho prevalece sobre las ambiciones políticas. La condena pone fin a la posibilidad de un regreso político de Sarkozy y refuerza la necesidad de que los partidos cumplan con los límites de gasto establecidos para evitar la inestabilidad financiera.