La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el 1 de diciembre de 2025 su primera guía clínica sobre el uso de agonistas del receptor GLP-1 (y agonistas duales GIP/GLP-1) para el tratamiento de la obesidad en adultos. El documento incorpora recomendaciones condicionadas sobre el empleo de estos fármacos como parte de un abordaje integral —dieta, ejercicio y apoyo clínico— y reconoce su eficacia en reducción de peso y mejora de marcadores metabólicos. Esta orientación constituye un punto de referencia global para países que deben decidir cómo integrar estas terapias en políticas públicas y marcos de financiación.
En México el escenario combina adopción comercial y vigilancia sanitaria. Laboratorios han registrado y lanzado presentaciones de semaglutida (2.4 mg, la formulación indicada para obesidad) durante 2025, lo que amplía la disponibilidad en el mercado privado y en prescripciones médicas especializadas. Al mismo tiempo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) mantiene advertencias sobre el uso indiscriminado y la automedicación con estos productos, y el Legislativo ha discutido exhortos a la Secretaría de Salud para regular su uso y evitar riesgos por prescripciones fuera de guía clínica. Es decir, existe coexistencia entre mayor oferta comercial y controles regulatorios orientados a mitigar uso inapropiado.
Las implicaciones clínicas y de salud pública son múltiples. Clínicamente, las guías de la OMS enfatizan que estos medicamentos deben prescribirse en contextos con seguimiento médico por efectos adversos potenciales (digestivos, renales, psiquiátricos) y para pacientes que cumplen criterios clínicos de obesidad ucomorbilidades; no son una solución aislada para población sana. En salud pública, la inclusión de GLP-1 en listas de uso prioritario (como la Lista de Medicamentos Esenciales en 2025 para indicaciones selectas) obliga a países a evaluar costos, equidad en el acceso y prioridades presupuestarias, puesto que la demanda puede crecer rápido y tensionar cadenas de suministro y cobertura pública.
También hay efectos colaterales sobre sistemas de atención y grupos específicos: médicos reportan uso creciente «off-label» en condiciones como el síndrome de ovario poliquístico (PCOS), donde pacientes experimentan mejoría de síntomas vinculada a pérdida de peso, aunque faltan ensayos robustos y aprobaciones formales; esto plantea la necesidad de investigación dirigida y regulación que equilibre innovación clínica y protección del paciente. Además, el acceso mayoritario dependerá de decisiones sobre inclusión en esquemas públicos y de negociación de precios con fabricantes.
En resumen, la guía de la OMS enmarca un cambio clínico y regulatorio global: los países —incluido México— deben diseñar rutas claras de prescripción, fortalecer vigilancia de seguridad y planear mecanismos de acceso equitativo, mientras gestionan la presión de la demanda y el riesgo de uso indiscriminado. Las decisiones políticas y regulatorias en 2026 determinarán si estas terapias se integran de forma segura y equitativa o si su rápida difusión genera problemas de salud pública y desigualdad en el acceso.
