La Comisión Europea propuso en noviembre de 2025 postergar —mediante una iniciativa incluida en el llamado paquete “Digital Omnibus”— la plena aplicación del AI Act hasta diciembre de 2027, con el argumento de dar más tiempo a las empresas para cumplir obligaciones técnicas y administrativas. El AI Act entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y varias de sus obligaciones (prohibiciones, obligaciones sobre alfabetización en IA y reglas para modelos GPAI) han ido activándose por fases; sin embargo, la propuesta de retraso busca atenuar el choque regulatorio para sectores con dificultades prácticas de cumplimiento.
Para empresas tecnológicas y proveedores de modelos, la posibilidad de una prórroga tiene doble efecto. En el plano operativo, alivia plazos inmediatos para certificar procesos, documentar cadenas de datos y adaptar controles de gobernanza —actividades que requieren tiempo, inversión y contratación de perfiles especializados—. En el plano financiero y estratégico, el aplazamiento introduce incertidumbre: una regla cambiante complica decisiones de inversión, calendarización de lanzamientos y negociaciones con socios internacionales que ya se están adaptando a los estándares europeos. Abogados y firmas de consultoría han señalado que el reto se traslada a 2026–2027: la ventana adicional debe aprovecharse para robustecer cumplimiento sin posponer la transformación necesaria.
Desde la óptica regulatoria y de política pública, la Comisión intenta equilibrar dos objetivos contrapuestos: mantener el liderazgo normativo global europeo en IA —evitando vacíos de supervisión que perjudiquen derechos y seguridad— y evitar costos de cumplimiento desproporcionados que frenen la competitividad empresarial. Diversos observadores apuntan que la propuesta refleja la complejidad de aplicar normas técnicas a modelos de gran escala (GPAI) y la presión política de sectores industriales que piden reglas más operables. A su vez, la discusión remarca la importancia de guías técnicas complementarias (interpretative guidelines) y de la coordinación entre Estados miembros para evitar fragmentación.
Implicaciones para México y mercados globales. Empresas con operaciones en Europa deberán seguir la evolución del calendario y avanzar en medidas proactivas (auditorías de modelos, trazabilidad de datos y programas de capacitación interna). Los proveedores internacionales de IA que actúan desde fuera de la UE tendrán incentivos para armonizar sus prácticas con estándares europeos, pues la UE continúa marcando el marco de referencia global. Al mismo tiempo, el aplazamiento puede generar ventajas temporales para firmas que demoren inversiones en cumplimiento, pero con el riesgo de enfrentarse a exigencias concentradas y más estrictas en la ventana final.
En síntesis, la propuesta de retraso del AI Act a diciembre de 2027 suaviza presión inmediata sobre empresas, pero no elimina la necesidad de un plan de adaptación estructurado. El resultado final del proceso legislativo europeo y la concreción de guías técnicas definirán si el aplazamiento reduce riesgo regulatorio real o simplemente posterga un ajuste complejo y costoso para el sector tecnológico.
