La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) realizada en el año 2024 mostró que el 1% de la población de México gana más de 950 mil pesos mensuales por persona, esto equivale a aproximadamente 11.5 millones de pesos anuales, es decir, entre 1.29 y 1.32 millones de personas en México posee aproximadamente el 37% de la riqueza del país.
Estas cifras contrastan con el 29% de la población que equivalen aproximadamente 38.5 millones de personas que perciben menos de 100 mil pesos al año; y con el 56% de la población conforme a la ENIGH que forma parte de la clase baja trabajadora, es decir, la que al año percibe aproximadamente 311 mil pesos.
Transparencia Internacional en su Informe de Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2024 dio la calificación más baja en la historia para México de 26 sobre 100, en donde 0 representa la mayor corrupción y 100 la menor. Este dato resulta relevante debido a que en los últimos siete años las denuncias de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y peculado de servidores públicos federales, estatales y municipales en las ramas ejecutiva, legislativa y federal, realizadas por periodistas de investigación y organizaciones de la sociedad civil ha sido constantes, sin embargo estas voces denunciantes no han sido escuchada ni atendida por las autoridades administrativas responsables de su investigación y sanción, ni por la Fiscalías responsables de la procuración de justicia, las cuales forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción que se ha sido des ciudadanizado paulatinamente.
El hecho de apropiarse de recursos públicos u obtener beneficios indebidos aprovechando el empleo, cargo o comisión que desde alguna de las estructuras de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial del Estado, es reprobable, porque son recursos que se dejan de invertir en infraestructura en beneficio de la población, como el equipamiento y mantenimiento de escuelas, hospitales, centros deportivos, o en la conservación del medio ambiente, el saneamiento y preservación de mantos acuíferos, vialidades y carreteras, entre muchos otros más, resulta también reprobable la pasividad de las autoridades para ejercer sus atribuciones para investigar y sancionar a quienes se presume responsables.
Los servidores públicos que incurren en enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y peculado, en la mayoría de las ocasiones destinan los recursos a viajes al extranjero, compras de bienes como relojes, prendas de diseñador, bolsas, zapatos, joyas, automóviles, inmuebles, muebles y artículos de decoración, así como eventos exclusivos que se sumen a las experiencias de vida inmortalizadas en las redes sociales del servidor público, su cónyuge o pareja, de sus hijos, u otros familiares y amigos; que disfrutan de esta vida del 1% de la población más favorecida económicamente, pero sin formar parte de la estadística.
Allá en el cono sur del continente americano, la sentencia firme desde junio de 2025 en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, otros servidores públicos y el empresario Lázaro Antonio Báez, vinculados a la causa denominada “Vialidad” tuvo por acreditado el delito de administración fraudulenta en contra de la administración pública, esto por la adjudicación de 51 obras públicas viales con fondos nacionales de la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, las cuales en algunos casos no se realizaron, o quedaron inconclusas y/o se acreditó el incumplimiento de las especificaciones para su realización, así como su sobreprecio.
La sentencia dispuso el decomiso de bienes pertenecientes de los antes mencionados para cubrir originalmente la cantidad de 84 mil 835 millones, 227 mil 378 pesos argentinos, actualizada en 2025 a $684 mil millones de pesos argentinos, la inhabilitación de la expresidenta junto con otros servidores públicos, de forma especial perpetua para ejercer cargos públicos, además de la pena de prisión por 6 años, a éstos y al empresario Lázaro Antonio Báez.
Entre los bienes que le fueron decomisados a la expresidenta destaca una propiedad de 6,000 metros cuadrados en El Calafate, Santa Cruz adquirida en 2007, por considerarse que forma parte de los efectos del delito, así como 19 inmuebles que les cedió a sus hijos Máximo y Florencia, ambos de apellido Kirchner, quienes no fueron condenados, pero que “los recibieron a título gratuito y deben reputarse producto o provecho del ilícito”.
En México nos encontramos lejos de conocer de una sentencia de esta magnitud debido a la poca independencia y autonomía de las autoridades de procuración de justicia para investigar y sancionar las causas que les son denunciadas, producto de un aparato gubernamental dominado por un partido hegemónico que en los últimos 7 años se ha dedicado a debilitar y desaparecer instituciones que fungían como contrapesos y fiscalizadores del poder público, mientras ellos siguen viviendo como ese 1% de la población fuera de la estadística.
