El Senado de la República aprobó el ingreso de un nuevo grupo de militares de Estados Unidos a territorio nacional para participar en tareas de capacitación con fuerzas mexicanas. La autorización fue solicitada por la presidenta Claudia Sheinbaum y avalada por el pleno con 91 votos a favor y seis abstenciones.
El permiso contempla la entrada de 12 integrantes del 7/o. Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos, quienes participarán en el evento denominado “Capacitación MEXSOF (Defensa)” del 27 de febrero al 15 de julio de 2026. De acuerdo con el dictamen enviado al Senado el 11 de febrero, las actividades forman parte del Evento No. SOF1 y se desarrollarán en instalaciones militares del Estado de México y Quintana Roo, entre ellas el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla y la Base Aérea Militar No. 4 en Cozumel.
El programa de capacitación incluye patrullaje táctico, liderazgo, medicina táctica, comunicación operativa, combate urbano y rural, tiro especializado, operaciones de francotirador, neutralización de explosivos improvisados, uso de drones, así como buceo de combate e infiltración marítima. Las autoridades legislativas que respaldaron el dictamen señalaron que estas acciones se enmarcan en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de seguridad y soberanía y que la cooperación internacional fortalece las capacidades operativas del país.
Sin embargo, la decisión no estuvo exenta de cuestionamientos. Cinco de las seis abstenciones provinieron de la bancada de Movimiento Ciudadano. La senadora Alejandra Barrales expresó preocupación por lo que consideró una falta de explicaciones claras por parte del gabinete de seguridad respecto a la frecuencia con la que se han autorizado ingresos similares. También hizo referencia a declaraciones y amagos del presidente estadounidense Donald Trump sobre posibles incursiones, vuelos con drones o acciones contra cárteles, temas que —dijo— no han sido aclarados ante el Senado.
La legisladora solicitó la comparecencia de los secretarios responsables de la política de seguridad para detallar las rutas y estrategias de esta cooperación. Además, cuestionó el funcionamiento de la Comisión Bicameral encargada de supervisar este tipo de autorizaciones.
El debate refleja una tensión constante entre la cooperación bilateral en materia de seguridad y la exigencia de supervisión institucional. Mientras la mayoría legislativa subraya que se trata de ejercicios de capacitación previamente delimitados y temporales, la oposición plantea la necesidad de mayor transparencia y control parlamentario frente al ingreso de tropas armadas extranjeras. El tema, más allá del número de elementos autorizados, vuelve a colocar en el centro la discusión sobre los alcances de la colaboración México–Estados Unidos en un contexto de seguridad regional complejo.
