¿Riesgo en telecomunicaciones para México?

El avance lento del padrón telefónico y la negativa regulatoria a ampliar plazos elevan riesgos operativos y financieros para operadores móviles.

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Avance limitado del padrón telefónico en México

El proceso de registro obligatorio de líneas móviles en México avanza con lentitud y se perfila como un desafío operativo y financiero para la industria de telecomunicaciones. A más de dos meses de iniciado el trámite, apenas 6.5 millones de usuarios han vinculado su línea a su identidad, lo que representa 4.1% del total de líneas activas en el país.

La magnitud del reto se vuelve más evidente al considerar que existen más de 158 millones de líneas telefónicas y un plazo de 172 días —del 9 de enero al 30 de junio— para completar el registro. Bajo estas condiciones, los operadores tendrían que registrar cerca de 923,977 líneas cada día para cumplir con la meta establecida.

Sin embargo, el ritmo actual es significativamente menor: alrededor de 166,667 líneas diarias. De mantenerse esa tendencia, completar el padrón tomaría aproximadamente dos años y medio, lo que evidencia una brecha considerable entre la exigencia regulatoria y la capacidad operativa del sector.

Presión operativa y financiera para operadores

Empresas del sector como Telefónica, junto con otros operadores móviles, han tenido que acelerar la implementación de infraestructura tecnológica, plataformas digitales de registro y sistemas de ciberseguridad para cumplir con la nueva disposición regulatoria.

De acuerdo con Natalia Guerra, directora de Asuntos Públicos, Regulación y Negocio Mayorista en Telefónica Movistar México, el plazo reducido para completar el registro podría derivar en que algunos usuarios pierdan el servicio y queden únicamente con acceso a llamadas de emergencia.

La compañía también reconoce que la medida implica mayores costos operativos y asignación de capital adicional, lo que obliga a reforzar la disciplina financiera interna. Aunque la empresa no prevé trasladar estos gastos al consumidor, sí anticipa posibles efectos en la actividad comercial, ya que el registro se convierte en un requisito adicional dentro del proceso de contratación y uso del servicio móvil.

Resistencia de usuarios y tensión regulatoria

La desconfianza de los usuarios para compartir datos personales ha ralentizado el proceso. En paralelo, el sector ha solicitado extender el plazo de registro, mientras que algunos ciudadanos han promovido amparos contra la obligación. No obstante, la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones ha mantenido su postura de no modificar el calendario establecido.

En este contexto, el registro telefónico se convierte en un punto de tensión entre regulación, operación empresarial y adopción por parte de los usuarios. Más allá del objetivo de identificación de líneas móviles, el proceso plantea riesgos para la continuidad del servicio, presiona la estructura de costos de las compañías y abre un debate sobre la viabilidad técnica de la medida y sus implicaciones en la conectividad del país.

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