El Plan B electoral dio un paso relevante en el Senado de la República al ser aprobado en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, pero lo hizo sin el respaldo del PT, un dato que mantiene abierta la incertidumbre sobre su viabilidad en el Pleno. El avance legislativo se logró con votos de Morena y PVEM, mientras PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra y los legisladores petistas no asistieron a la sesión.
La votación conjunta fue de 24 votos a favor y 11 en contra, con lo que el proyecto superó su primera etapa. En la Comisión de Puntos Constitucionales hubo 11 votos favorables y 5 en contra; en Estudios Legislativos, 13 a favor y 6 en contra. El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva y quedó en condiciones de llegar al Pleno, donde la discusión ya no dependerá solo de la mayoría simple lograda en comisiones, sino de una mayoría calificada que todavía requiere a los aliados ausentes.
El núcleo de la disputa sigue siendo la revocación de mandato. El texto aprobado mantiene la posibilidad de realizarla en el tercer o cuarto año del sexenio presidencial, lo que abre la puerta para que la consulta se lleve a cabo en 2027, el mismo día de la elección intermedia. Bajo esa redacción, la consulta podría celebrarse el primer domingo de junio de ese año, de forma concurrente con la renovación de cargos federales y locales.
La magnitud de esa coincidencia electoral explica buena parte de la confrontación:
- en 2027 se elegirán 17 gubernaturas;
- se renovarán los 500 integrantes de la Cámara de Diputados;
- se renovarán la totalidad de los congresos estatales;
- y la mayoría de los presidentes municipales del país.
En ese contexto, el proyecto permite que la persona titular del Ejecutivo federal difunda el proceso de revocación y promueva el voto a favor de su permanencia. Ese punto es justamente el que el PT ha buscado modificar y el que la oposición colocó en el centro de sus críticas. Para PAN, PRI y MC, la reforma no fortalece la democracia, sino que otorga una ventaja institucional a la presidenta al aparecer en la boleta y poder intervenir en el proceso mientras el resto de las fuerzas políticas no tendría la misma libertad de acción.
Durante la discusión, Marko Cortés sostuvo que la propuesta no elimina privilegios y, por el contrario, “le da más privilegios a la presidenta”. Ricardo Anaya cuestionó que no atiende problemas como la intervención del crimen organizado en elecciones ni la sobrerrepresentación legislativa. Luis Donaldo Colosio Riojas añadió que el proyecto vulnera el federalismo al fijar desde el ámbito federal un máximo de regidurías para los municipios.
Del lado oficialista, la defensa del dictamen se centró en la idea de democracia directa, austeridad y control ciudadano del poder. Pável Jarero Velázquez afirmó que la revocación responde al principio de que “el pueblo pone y el pueblo quita”. Guadalupe Chavira de la Rosa argumentó que, incluso con altos niveles de evaluación presidencial, no debería descartarse el escrutinio ciudadano. Beatriz Mojica replicó a la oposición que el rechazo real proviene de la negativa a perder privilegios y a dejar en manos de la ciudadanía la continuidad o no de un gobierno.
El dictamen también incluye otros cambios relevantes. Propone reformar los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución. Entre ellos destacan un límite de 15 regidurías por municipio, un tope de 0.70 por ciento del presupuesto estatal para los congresos locales, la prohibición para que funcionarios del INE, organismos electorales locales y tribunales electorales locales ganen más que la presidenta de la República, y una reducción de 15 por ciento real al presupuesto del Senado, distribuida en cuatro ejercicios fiscales.
En la discusión también se corrigió el tema de paridad de género. La senadora Malú Micher pidió incorporar en la exposición de motivos los principios de paridad e igualdad de género para respaldar la adición al artículo 115 constitucional, y la propuesta fue aceptada. Ese ajuste muestra que el dictamen aún llega al Pleno con cambios de redacción y con una negociación abierta en puntos sensibles.
La ausencia del PT en comisiones no cerró del todo la puerta a un acuerdo posterior. Mientras sesionaban los legisladores, Ignacio Mier difundió una fotografía junto con Alberto Anaya, Manuel Velasco y otros coordinadores parlamentarios con el mensaje de que la coalición seguirá unida. Sin embargo, el dato institucional sigue siendo el mismo: el proyecto avanzó sin votos petistas y en el Pleno sí serán indispensables para alcanzar la mayoría calificada.
Lo que sigue es la discusión en el Pleno del Senado. El dictamen podría quedar en primera lectura en una sesión convocada a las 14:00 horas y ser llevado a votación en una segunda sesión ese mismo día. El punto decisivo ya no será si el oficialismo puede aprobarlo en comisiones, sino si logra recomponer la fractura con el PT para convertir ese avance preliminar en una reforma constitucional válida.
