La renovación de tres asientos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral abrió una disputa que va más allá de los nombres. El proceso ocurre en un momento en que la presidencia del organismo concentra nuevas facultades para designar titulares de áreas clave, mientras el relevo se perfila como una decisión que puede influir en la conducción del árbitro electoral rumbo a los comicios de 2027 y a los preparativos de 2030.
La consejera saliente Dania Ravel advirtió que el perfil de quienes lleguen al Consejo General marcará el rumbo del Instituto. Su señalamiento no se limitó al relevo de personas, sino al tipo de decisiones que podrán tomarse desde el órgano superior de dirección en temas como organización electoral, fiscalización, paridad e inclusión. En su balance de salida, planteó que el Instituto ha perdido parte de su colegialidad y sostuvo que ese cambio se agravó con la modificación legal que dio a la presidencia del INE la facultad exclusiva para nombrar titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, una atribución que antes estaba en manos del propio Consejo General.
La alerta se centra en el diseño del poder interno. Para Ravel, el problema de fondo es que decisiones que antes pasaban por un órgano colegiado ahora pueden quedar concentradas en una sola oficina. En su lectura, esa modificación reduce el peso de las distintas voces dentro del Instituto y altera una lógica institucional construida para que las decisiones estratégicas se tomaran bajo un esquema plural.
El relevo ya tiene dimensión numérica y calendario. Son tres vacantes las que dejarán Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera, y el proceso registró 395 personas aspirantes que concluyeron de forma exitosa su inscripción. A partir de ahí, la ruta de selección quedó marcada por varias etapas consecutivas:
- 30 y 31 de marzo: revisión de expedientes por el Comité Técnico de Evaluación.
- 5 de abril: publicación de la lista de aspirantes que presentarán examen.
- 6 de abril: aplicación del examen de conocimientos.
- 10 al 12 de abril: evaluación de idoneidad.
- 14 al 16 de abril: entrevistas.
- 29 de abril: integración de las quintetas finales.
Ese calendario coloca abril como el mes decisivo para una renovación que no solo cubrirá vacantes, sino que definirá el equilibrio interno del Instituto. También deja en el centro al Comité Técnico de Evaluación, encargado de filtrar perfiles y decidir quiénes avanzan hasta la etapa final.
La discusión se ha desplazado entonces a dos terrenos: quiénes buscan llegar y quiénes evaluarán a esos aspirantes. Entre los registros aparecen funcionarios del propio INE, perfiles que han trabajado cerca de la actual presidencia y nombres vinculados a áreas de gobierno. En paralelo, el comité evaluador quedó reducido a cinco integrantes, tres propuestos por la Junta de Coordinación Política y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tras la desaparición del INAI. Ese cambio elevó el peso específico de un órgano que tendrá a su cargo la primera depuración real del proceso.
En este punto, la preocupación expresada por Ravel coincide con la advertencia de otros actores sobre la necesidad de que quienes integren el comité y quienes aspiren a las consejerías cuenten con conocimientos técnicos, experiencia electoral e independencia. La discusión no es menor porque el Consejo General del INE no resuelve asuntos secundarios: sus votos definen criterios de operación, interpretación y control sobre decisiones que impactan directamente la organización de elecciones.
Ravel también colocó otro foco de tensión sobre la mesa. Señaló que actualmente existe un procedimiento de responsabilidad administrativa abierto contra seis consejerías, tres aún en funciones y tres que ya dejaron el cargo, por decisiones tomadas en el ejercicio de su voto dentro del Consejo General. A su juicio, ese precedente afecta la libertad con la que deben actuar quienes integran el máximo órgano de dirección del Instituto y abre la puerta a que el órgano interno de control valore decisiones estrictamente electorales.
La advertencia adquiere peso adicional por el contexto en el que llega el relevo. Ravel sostuvo que el precedente puede influir en la forma en que actúen los próximos consejeros, al instalar la idea de que el sentido de un voto puede derivar en investigaciones internas. En su valoración, ese escenario no solo toca a quienes hoy están bajo procedimiento, sino que impacta la autonomía con la que deberían desempeñarse quienes entren al Consejo General.
El debate sobre el relevo también quedó atravesado por la experiencia reciente de la elección judicial. Ravel describió ese proceso como atropellado, con falta de recursos, previsión, tiempos e información, además de errores y omisiones en listados de candidaturas y dificultades en el diseño de boletas. Desde esa experiencia, advirtió que cualquier ajuste futuro al modelo electoral tendría que revisar con detalle lo ocurrido antes de repetir un ejercicio similar.
A esa discusión se suma otra línea de tensión: la posibilidad de una nueva reforma electoral. En ese escenario, la consejera saliente consideró que tocar el servicio profesional electoral y la estructura de juntas locales y distritales sería un error grave, al tratarse de la base técnica y operativa que ha permitido al INE organizar elecciones en distintas condiciones políticas y presupuestales.
Frente a estas alertas, Ricardo Monreal sostuvo que el proceso está blindado y afirmó que la revisión de aspirantes se realiza con rigor por un comité independiente, sin intervención de diputados en la evaluación de nombres. En su planteamiento, las quintetas finales estarán integradas por los mejores perfiles disponibles en materia electoral.
Con todo, el punto de mayor peso no está en la defensa política del proceso, sino en la pregunta que deja abierta la renovación: qué tipo de árbitro electoral emergerá de este relevo. Las tres designaciones llegan cuando la presidencia del INE tiene mayores facultades internas, cuando el comité evaluador opera con un papel decisivo y cuando el ambiente institucional arrastra tensiones por independencia, colegialidad y control interno. Por eso, la disputa por esas tres sillas no se limita a ocupar espacios vacíos: definirá el tono, los contrapesos y la orientación del Instituto en los próximos años.
