16 de noviembre de 2026

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Las multas ambientales impuestas a Grupo México a lo largo de más de dos décadas de accidentes documentados equivalen apenas al 0.12% de la fortuna personal de Germán Larrea Mota-Velasco, presidente y director general del conglomerado, estimada en 67 mil millones de dólares según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. El dato cobra relevancia después de que, el 26 de julio de 2026, un tren de Ferromex, subsidiaria de Grupo México, se descarriló en el ejido Cuauhtémoc, municipio de Naco, Sonora, y derramó 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio, sustancia que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) calificó como una «emergencia ambiental».

El desbalance entre sanciones y capacidad económica no es reciente. En 2014, tras el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre de la mina Buenavista del Cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora —calificado por la propia Profepa como el peor desastre ambiental de la historia minera del país—, las multas impuestas a la empresa no superaron los 24 millones de pesos, según documentó la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER). Ese derrame afectó a más de 22 mil personas en al menos siete municipios sonorenses y provocó, doce años después, la muerte de al menos tres defensores ambientales por exposición a metales pesados, entre ellas Martha Patricia Velarde.

PODER, organización que da seguimiento a los conflictos socioambientales del conglomerado, tiene documentadas 15 tragedias ambientales atribuibles a distintas filiales de Grupo México dentro y fuera de México, dentro de un registro de más de 20 episodios que incluyen también accidentes laborales fatales. Julieta Lamberti, directora de la unidad de investigación de PODER, señaló que estos eventos están vinculados con la falta de vigilancia institucional y con la impunidad con la que opera la empresa, y sostuvo que un actor privado que reincide en violaciones ambientales debería enfrentar mayor supervisión de las autoridades.

La proporción entre sanciones y patrimonio contrasta con el desempeño financiero de la compañía. De acuerdo con el Informe Anual 2025 que Grupo México presentó ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa registró ingresos por 18 mil 176 millones de dólares durante ese ejercicio, una cifra récord para el conglomerado. De ese monto, la compañía destinó apenas el 1.18% a la prevención de accidentes y a la mitigación del impacto ambiental de sus operaciones, un porcentaje que, aunque superior al reportado el año anterior, resulta reducido frente a la magnitud de sus operaciones mineras, ferroviarias e industriales y frente a los riesgos que implica el transporte de sustancias peligrosas como la involucrada en Naco.

El patrón se repite fuera de México. Desde que Grupo México adquirió la estadounidense ASARCO en 1999, esta ha acumulado más de 120 infracciones federales en materia ambiental, de salud y de seguridad en instalaciones de Arizona y Texas, de acuerdo con el registro de PODER. En Perú, la subsidiaria Southern Copper Corporation ha sido señalada por rebasar en reiteradas ocasiones los límites permisibles de emisiones de dióxido de azufre en su fundidora de Ilo y por contaminar con cadmio las aguas de Quebrada Honda, en Tacna.

Para accionistas e inversionistas, el patrón de sanciones bajas frente a ingresos crecientes plantea un riesgo reputacional y regulatorio que se ha manifestado históricamente en caídas puntuales del valor de las acciones de la compañía tras cada accidente relevante, aunque sin comprometer hasta ahora su cotización en la BMV ni en la Bolsa de Nueva York. La Profepa mantiene abierta la investigación sobre el derrame de Naco y dio un plazo a la empresa para esclarecer el origen del accidente, mientras autoridades municipales de esa localidad sonorense exigieron información pública sobre el alcance real de la contaminación.

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