Geopolítica y Comercio
A menos de dos semanas de su entrada en vigor, el arancel por trabajo forzado que Estados Unidos implementó en contra de México, Canadá, China, la Unión Europea y otras 56 naciones que representan entre todas ellas más del 90% de las importaciones totales de la Unión Americana, ha generado varias demandas, siendo las más importantes la de un grupo compuesto por los procuradores estatales de 25 estados – la mayoría de ellos gobernados por los demócratas – y la de dos empresas pequeñas que pusieron el ejemplo el mismo día en que fue implementado.
La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) justifica este nuevo gravamen como consecuencia de que las naciones afectadas no tienen leyes que eviten la importación o producción de manufacturas elaboradas con trabajo forzado o no las aplican correctamente. Para el primer caso, USTR decidió aplicar un arancel del 12.5% que afecta a 38 países y al resto uno del 10%, entre ellos a México y Canadá. Aunque el TMEC y la mayoría de los otros 13 tratados de libre comercio en vigor con que cuenta Estados Unidos contienen un artículo que previene el comercio de productos elaborados con trabajo forzado, es la primera vez que este país aplica un arancel por este motivo.
Desde antes de su entrada en vigor, diversas asociaciones del sector privado estadounidense, como la Federación Nacional de Minoristas, la Asociación Americana del Vestido y el Calzado y la Asociación de Líderes Industriales Minoritas, declararon que un arancel no es la mejor manera de combatir el problema de la producción con trabajo forzado y que su mayor efecto será en los bolsillos de los consumidores. Este lunes 3 de agosto, un grupo de 25 estados presentó una demanda ante la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, la misma que declaró inconstitucionales los aranceles impuestos en base a la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia (IEEPA en inglés), argumentando que este gravamen va más allá del mandato del USTR y que no se siguió correctamente el procedimiento que establece la sección 301 de la Ley de Comercio.
El procurador del estado de Oregón encabeza esta demanda, que también firman los estados de Arizona, California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin. Argumentan que es una medida arbitraria, caprichosa y contraria a la ley que no se puede aplicar sólo para sustituir otra medida que ese mismo tribunal declaró inconstitucional y que avaló la suprema corte de justica de ese país, además de que no hay una justificación para la aplicación del arancel del 10 y 12.5% más allá de sustituir al de la sección 122 de la Ley de Comercio.
La demanda de los 25 estados contiene algunos elementos que se encuentran en la demanda que presentaron el 24 de julio la empresa de especias Burlap &Barrel Inc y Collective Horology, LLC. que vende relojes de alta gama en California. Este martes, la Corte de Comercio Internacional anunció que procesará en paralelo estas y otras demandas similares. En todas ellas, los demandados son el presidente Trump, el embajador Jamieson Greer, titular del USTR, y Rodney Scott, Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés), dependencia que aún no termina de pagar los rembolsos de los aranceles de la IEEPA, estimados en 166,000 millones de dólares.
Mientras que China, Canadá y otros países han hecho declaraciones en contra de haber sido incluidos entre los países afectados por este arancel, la presidenta Sheinbaum dijo que se trataba de un ajuste normativo interno en la Unión Americana y que México seguía igual. Del 7 al 9 de julio, USTR organizó una audiencia pública para escuchar a los que pudieran ser afectados por este arancel, en la que participaron más de 100 representantes de organismos de más de 40 de los países incluidos en la investigación. Por parte de México participaron un representante de la secretaría de Economía y otro del Consejo Coordinador Empresarial, a quienes les preguntaron sobre algún caso específico en que México hubiera aplicado sus leyes en contra del trabajo forzado, pero no tuvieron respuesta. Además, está pendiente la queja de las representantes republicanas María Elvira Salazar (Florida) y Nicole Malliotakis (Nueva York) por la contratación de médicos cubanos, a los que México nunca les pagó directamente.
