Tras culminar mis estudios de Maestría en Seguridad Nacional en el Colegio de Defensa Nacional, máxima casa de estudios a cuya apertura institucional hacia la perspectiva civil agradezco profundamente, retomo este espacio analítico para reexaminar una interrogante toral: ¿comprende el gobierno mexicano la dimensión del cambio geopolítico global y su impacto directo en la Seguridad Nacional?
El escenario actual se caracteriza por un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo (VICA), impulsado por las disrupciones unilaterales en la política exterior de Estados Unidos frente a un Estado mexicano predominantemente reactivo. En la Doctrina de Seguridad Nacional, esta se concibe como la condición indispensable para salvaguardar los bienes tutelados por ella: soberanía, independencia, integridad territorial y Estado de Derecho, articulando el binomio indisoluble con el Desarrollo Nacional para garantizar el bienestar de la población.
Sin embargo, el gobierno federal actual ha soslayado la Seguridad Nacional ante la Seguridad Pública. Aunque controlar y reducir la incidencia delictiva responde a una innegable demanda social, la Seguridad Pública es una función preventiva destinada a proteger la integridad y el patrimonio individual asi como responder ante la criminalidad. Por tanto, se ubica bajo el paraguas estructural de la Seguridad Nacional pero no a la inversa.
El gobierno, al autolimitarse a la gestión del orden público, cae en una ceguera sistémica que le impide emplear estratégicamente todas sus capacidades políticas, económicas, sociales, diplomáticas, tecnologicas y militares. Esta vulnerabilidad se observa por ejemplo, en la agenda bilateral: ante la designación por parte de EE.UU. de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas transnacionales, utilizada como un mecanismo coercitivo de presión política, México se ha visto forzado a implementar una estrategia de Seguridad Pública condicionada a esta desginación. En el Campo Económico, al no lograr la renovación del TMEC la incertidumbre derivada de sus revisiones anuales amenaza la atracción de Inversión Extranjera Directa y la competitividad de la industria nacional. En este escenario, omitir la visión estratégica de la Seguridad Nacional fragmenta las capacidades del Estado frente a la reconfiguración del orden internacional.
En conclusión, la Seguridad Nacional es la brújula institucional que permite anticipar, gestionar y contener crisis sistémicas que tienen origen tanto nacional como internacional. Limitar las capacidades del Estado a la mera contención delictiva implica exponerlo a amenazas y riesgos que pongan en entredicho su soberanía, independencia y Estado de Derecho.
En este sentido, el gobierno federal en turno debe tener la capacidad de distinguir entre problemas de Desarrollo Nacional como la desigualdad social o el rezago educativo de aquellos riesgos y amenazas que vulneran directamente los bienes tutelados la Seguridad Nacional, como la injerencia extrangera o las disrupciones economicas provocadas por conflictos internacionales.
Aunado a ello, se debe transitar de una política de gobierno coyuntural hacia una auténtica Política de Estado que disponga de un Programa para la Seguridad Nacional, respaldado por un Sistema de Inteligencia Estratégica con capacidad prospectiva y para la toma de decisiones de alto nivel.
Por todo lo anterior es factible concluir que el actual gobierno mexicano comprende de forma limitada la dimensión del cambio geopolítico global, particularmente el provocado por EE.UU., pero no necesariamente su impacto en la Seguridad Nacional ya que su respuesta ante riesgos y amenazas es reactiva antes que proactiva y con visión estratégica de largo plazo.
Solo mediante el restablecimiento del equilibrio racional entre Seguridad y Desarrollo, respaldado por una visión estratégica, el gobierno actual logrará emplear sus capacidades para atender antagonismos internos y externos, superar la ceguera sistémica y garantizar la permanencia, estabilidad e integridad del Estado mexicano
