Los retazos…

La procuración de justicia y la investigación de los delitos en este país parecen complicarse dependiendo de quién sea el presunto responsable, a qué partido pertenezca o cuál sea su estatus político. Diputado, senador, gobernador o exgobernador: pareciera que no siempre se mide con la misma vara.

Ahí tenemos, por ejemplo, al exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, hoy diputado federal, quien enfrentó una solicitud de desafuero derivada de una denuncia por presunta violación en grado de tentativa. El procedimiento terminó sin retirarle la inmunidad constitucional. Naturalmente, eso no demuestra culpabilidad ni inocencia; simplemente permite preguntarnos si la justicia avanza con la misma velocidad cuando enfrente tiene a un ciudadano común que cuando aparece un personaje con fuero y respaldo político.

Porque en este circo la primera pista es precisamente esa: la justicia y sus distintos ritmos.

También están los problemas de competencias: que si corresponde a la Federación, al estado o, en algunos casos, al municipio. A veces parece importar menos la preparación profesional que la lealtad hacia quien otorgó el nombramiento.

Y si de capacidad hablamos, ahí tenemos también a nuestra Tremenda Corte y a la llamada “ministra del pueblo”, quien de cuando en cuando nos regala alguna equivocación durante las sesiones. Pero ese merece ser otro retazo porque, como dirían por ahí, material no falta.

Los muertos de Ayotzinapa

Mucho más serio es el caso de los estudiantes de Ayotzinapa.

Han transcurrido casi doce años desde aquella noche de septiembre de 2014 y todavía las familias continúan esperando conocer completamente qué sucedió con los 43 jóvenes.

Ahora aparece un nuevo capítulo: el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, fue detenido y vinculado a proceso por desaparición forzada y ocultamiento de pruebas. La Fiscalía sostiene que habría recibido y ordenado destruir videos relacionados con aquellos hechos. Será un tribunal el que determine su responsabilidad.

La presidenta ha dicho que nuevas tecnologías y métodos de investigación permitieron avanzar sobre evidencias que durante años estuvieron disponibles. Y no dudo que la tecnología haya cambiado enormemente la investigación criminal. Precisamente por eso surge una pregunta inevitable: ¿qué nuevas técnicas permitieron descubrir ahora lo que durante más de una década no pudo encontrarse?

Qué bueno que aparezcan nuevas líneas de investigación. Lo verdaderamente difícil de explicar a los padres es por qué hubo que esperar tantos años.

Y en medio permanece la famosa “verdad histórica”, aquella versión que pretendió explicar definitivamente lo sucedido y que terminó convertida en uno de los capítulos más cuestionados de la procuración de justicia mexicana.

La justicia tardía podrá seguir siendo justicia, pero para quien lleva más de una década buscando a un hijo seguramente se parece demasiado a otra cosa.

¿Soberanía para cuándo y para quién?

Otra pista de nuestro circo es la soberanía.

En julio de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada terminó bajo custodia de las autoridades estadounidenses después de aterrizar en la zona de El Paso, Texas. México no participó en aquella operación y durante meses continuaron las interrogantes sobre la manera en que uno de los narcotraficantes más buscados terminó del otro lado de la frontera.

Entonces apareció nuevamente esa palabra tan socorrida en nuestro discurso político: soberanía.

Y está bien defenderla.

El problema es decidir hasta dónde llega y cómo se aplica.

Lo vimos nuevamente este año en Chihuahua. Un operativo permitió desmantelar un importante laboratorio de drogas sintéticas en la Sierra Tarahumara, pero posteriormente se conoció la participación de agentes estadounidenses. El asunto explotó políticamente después de que dos agentes mexicanos y dos estadounidenses murieran en un accidente y surgiera la pregunta de quién había autorizado la presencia de estos últimos.

El Gobierno federal cuestionó a la gobernadora Maru Campos por esa colaboración; ella y el PAN respondieron prácticamente con otra pregunta: ¿qué debía hacerse, permitir que siguiera funcionando el laboratorio?

Y ahí está precisamente el problema.

La participación de agentes extranjeros en territorio nacional debe cumplir la ley y respetar nuestra soberanía. Pero también debería interesarnos que un laboratorio capaz de producir enormes cantidades de droga sea desmantelado.

Una cosa no debería servir para ocultar la otra.

Sin embargo, cuando se acercan elecciones, hasta la soberanía adquiere colores partidistas.

¿Provocaciones o inconformidades?

Mientras todo esto ocurre, a diario vemos protestas por cuestiones laborales, económicas, políticas, indemnizaciones, servicios públicos, inseguridad, homicidios, feminicidios, desapariciones y muchas otras.

Entonces me pregunto: ¿serán provocaciones o serán inconformidades?

Porque se me figuran demasiadas para pensar que todo marcha correctamente.

¿Será que en algo estamos mal?

¿O será que estamos mal en demasiadas cosas?

En materia judicial también parecen existir unas por otras. Tenemos, por ejemplo, el caso del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo, detenido por la FGR bajo acusaciones de delincuencia organizada y contrabando de combustible. Sus correligionarios hablan de persecución política; la Fiscalía sostiene que hay elementos para procesarlo. Será nuevamente un juez quien determine quién tiene razón.

Pero casi simultáneamente tenemos el procesamiento del exgobernador Ángel Aguirre por Ayotzinapa, mientras otros personajes vinculados al partido gobernante reciben un tratamiento que sus adversarios consideran mucho más cuidadoso.

Unas por otras.

La justicia debería resolver delitos y responsabilidades, no equilibrar marcadores políticos.

Luisa María Alcalde y la lista

Se había tardado la brillante consejera jurídica del Ejecutivo.

Luisa María Alcalde, en su papel de ajonjolí de todos los moles, apareció ahora presentando desde Palacio Nacional algo que llamó un “ecosistema de amplificación digital”.

Y resulta que en ese ecosistema aparecieron periodistas, medios de comunicación, comentaristas y políticos de oposición: Carlos Loret de Mola, Héctor de Mauleón, Aristegui Noticias, EL UNIVERSAL, Latinus, expresidentes, dirigentes partidistas y una buena cantidad de críticos del Gobierno.

Según la explicación oficial, se trataba de mostrar cómo determinados mensajes contrarios a la llamada Cuarta Transformación son retomados y amplificados.

Está bien.

Pero cuando desde el Gobierno se colocan nombres y apellidos de periodistas y críticos en una pantalla, es inevitable que alguien pregunte para qué.

Tal vez no sea una lista negra.

Tal vez solamente sea una lista.

Pero, como alguna vez me dijeron, “piensa mal y acertarás”.

Esto ocurre, además, mientras está abierta la discusión sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, cuya consulta pública concluye el 21 de agosto. El propósito declarado es proteger los derechos de quienes reciben contenidos de radio y televisión, pero algunas disposiciones han provocado preocupación por la posibilidad de que la autoridad termine interviniendo sobre aquello que se informa u opina.

Otra navaja de doble filo.

Porque es cierto que los medios tienen responsabilidades. También los periodistas y quienes opinamos públicamente.

Pero el Gobierno igualmente las tiene.

Y entre ellas está soportar la crítica, incluso cuando resulte incómoda.

La libertad de expresión pierde bastante sentido si solamente protege aquello que le gusta escuchar al poderoso.

Reconozco, eso sí, la sorprendente capacidad de Luisa María Alcalde para transitar en tan poco tiempo por buena parte de la administración pública: trabajo, gobernación, dirigencia partidista y ahora la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Es más, a este paso propongo que algún día sustituya en la Suprema Corte a la ministra del pueblo.

Una grita y la otra enciende pasiones.

Y hablando de familias…

Para terminar este recorrido por las tres pistas, no puedo omitir una noticia que llamó poderosamente la atención.

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, informó que el Gobierno de Estados Unidos le retiró la visa.

¿La razón?

Hasta ahora, públicamente, no la conocemos.

Él asegura que se trata de una decisión política y que no existe prueba alguna que lo vincule con un delito. El Gobierno estadounidense, como acostumbra en estos casos, no ha explicado públicamente las razones específicas de la cancelación y se ha limitado a señalar que una visa puede revocarse cuando existan motivos para ello.

Así que sería irresponsable afirmar algo que no sabemos.

Pero eso tampoco impide hacer la pregunta que seguramente muchos se hicieron al enterarse:

¿Por qué será?

En fin, justicia, soberanía, libertad de expresión, políticos protegidos, políticos perseguidos, listas de periodistas, hijos presidenciales y visas canceladas.

Tres pistas quizá ya sean pocas.

Saludos desde mi trinchera.