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1 de septiembre de 2026

Federalismo de papel, centralismo de hecho

México sigue llamándose federación, pero el poder se concentra: Congreso oficialista, Corte cuestionada y organismos autónomos desaparecidos. ¿Federalismo real o centralismo con otro nombre?

Los retazos…

Desde 1824, con algunas idas y vueltas que también forman parte de nuestra historia, México adoptó el sistema federal como principio para organizar las relaciones políticas, económicas y sociales del Estado mexicano, junto con la división del poder en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Todo lo anterior viene simplemente como recordatorio para quienes ya lo saben y también para aquellos que no lo sabían o, peor todavía, se hacen como que no lo saben porque no les conviene.

Porque una cosa es lo que dice la Constitución y otra, algunas veces, lo que observamos diariamente.

Y aquí vale preguntarnos, como se dice coloquialmente, ¿de qué lado masca la iguana?

Los dos poderes que más transformaciones han sufrido durante los últimos años son precisamente el Legislativo y el Judicial.

Comencemos por el primero.

El Congreso de la Unión está integrado por 500 diputados y 128 senadores. El problema, por tanto, no es que de repente aparezcan más legisladores, sino cómo se conforman las mayorías y la facilidad con la que algunos de nuestros representantes brincan de un partido a otro según convenga a sus intereses o a los de las fuerzas políticas a las que deciden incorporarse.

Es decir, los famosos diputados y senadores “chapulines”.

La ideología puede esperar.

La conveniencia, por lo visto, no.

Y como ustedes estarán enterados, el año entrante tendremos nuevamente una importante jornada electoral. A nivel federal se renovarán las 500 diputaciones y, en los estados, estarán en juego 17 gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos y miles de cargos más. El Senado, para tranquilidad de algunos y preocupación de otros, no se renueva todavía.

Tampoco tendremos elección judicial federal en 2027, pues esa parte del proceso fue aplazada hasta 2028.

Eso sí, todavía veremos legisladores buscando reelegirse, pues aunque ya se aprobó constitucionalmente la prohibición de la reelección consecutiva, ésta comenzará a aplicarse hasta los procesos electorales de 2030.

Así que todavía habrá chapulines con boleto de regreso.

Una vez cubierto el tema ilustrativo, pasemos a algo más importante: qué conocimientos, experiencia y capacidad tienen quienes llegan a ocupar esos cargos.

Porque durante mucho tiempo hemos escuchado aquello de que importa más la lealtad que la capacidad.

La historia tiene ejemplos extremos. Se dice que Calígula llegó a considerar nombrar cónsul a su caballo Incitatus. No sé si nuestros políticos hayan llegado a tanto, pero viendo algunas designaciones uno empieza a comprender por qué la anécdota ha sobrevivido casi dos mil años.

En cuanto al Poder Judicial, la cosa se pone todavía más interesante.

Y no importa si sus integrantes llegan vestidos con la tradicional toga, con indumentaria indígena o como quieran presentarse. Lo verdaderamente importante es que están ahí para impartir justicia, y justicia de la buena.

Porque una cosa es la forma y otra el fondo.

Conviene también aclarar aquello de las famosas tómbolas.

Los integrantes de la nueva Suprema Corte no fueron literalmente nombrados mediante una tómbola. Durante el proceso de selección de candidaturas, los comités de evaluación sí utilizaron la insaculación pública para reducir las listas de aspirantes y, posteriormente, los ministros fueron electos mediante voto ciudadano.

Pero aun hecha esa precisión, la pregunta sigue siendo válida: ¿era éste el mejor procedimiento para seleccionar a quienes tendrían en sus manos algunas de las decisiones jurídicas más importantes del país?

Porque la experiencia, la preparación jurídica y la madurez de quienes integran el máximo tribunal no deberían ser cuestiones secundarias.

La nueva Corte comenzó funciones en septiembre de 2025 y, en apenas un año, ya hemos observado discusiones, desencuentros y tensiones públicas entre algunos de sus integrantes que difícilmente ayudan a fortalecer la imagen de serenidad y solidez jurídica que debería acompañar al máximo tribunal.

Y sí, por supuesto, ahí está también nuestra conocida “ministra del pueblo”.

No hace falta abundar demasiado porque ella misma suele encargarse de mantener vivo el tema.

Lo verdaderamente preocupante no son las discusiones ni las diferencias de opinión. En un tribunal precisamente debe haber debate.

Lo preocupante sería que la aplicación de la justicia comenzara a percibirse como selectiva, que principios fundamentales como el debido proceso parecieran aplicarse con diferente rigor dependiendo de quién se encuentre frente al Estado o de qué filiación política tenga.

La justicia no solamente debe ser imparcial.

También debe parecerlo.

Y todavía tenemos enormes pendientes.

Ayotzinapa continúa recordándonos lo que significa para una familia esperar durante años una respuesta del Estado. La Guardería ABC, después de 17 años, volvió este año a la Suprema Corte, que determinó que los delitos relacionados con aquella tragedia son imprescriptibles. Cuarenta y nueve niños murieron y más de cien resultaron heridos. Que la justicia siga ocupándose del asunto tantos años después dice bastante sobre nuestros tiempos judiciales.

Cuando una sentencia tarda demasiado, aunque finalmente llegue, la pregunta es inevitable:

¿cuánto tiempo puede esperar la justicia antes de dejar de sentirse como justicia?

Pero tampoco todo puede verse bajo una óptica negativa.

Hay que reconocer los avances que se han dado en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. La reforma constitucional al artículo segundo los reconoció como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, fortaleciendo su capacidad de decisión, autonomía y participación. La actual administración ha continuado desarrollando ese reconocimiento.

Al César lo que es del César.

Y precisamente por eso podemos regresar al tema central.

¿Seguimos siendo realmente una Federación o estamos caminando paulatinamente hacia una mayor centralización del poder?

Durante los últimos años se extinguieron siete organismos autónomos y reguladores, entre ellos el INAI, la Cofece, el IFT y el Coneval, redistribuyéndose sus funciones entre distintas instituciones del Estado. El Gobierno argumentó razones de austeridad, simplificación administrativa y eliminación de duplicidades. Sus críticos advirtieron sobre una pérdida de contrapesos.

Cada quien podrá decidir qué argumento le convence más.

Pero el hecho es que hoy existen menos instituciones constitucionalmente autónomas que hace algunos años.

A ello podemos agregar un Congreso dominado por una amplia mayoría oficialista, un Poder Judicial surgido de una reforma impulsada desde el poder político y una Administración Pública cuyas decisiones naturalmente dependen del Ejecutivo.

Una por una quizá puedan explicarse.

Todas juntas merecen, cuando menos, que levantemos la ceja.

También preocupa el uso de las instituciones y de los espacios oficiales frente a quienes critican al Gobierno, particularmente cuando aparecen señalamientos públicos, listas de periodistas, medios o comentaristas considerados adversarios de la llamada transformación.

Se nos podrá decir que eso no constituye censura.

Tal vez no.

Pero el federalismo y la democracia no solamente dependen de que exista libertad formal para expresarse. También requieren instituciones capaces de limitarse unas a otras y ciudadanos que puedan cuestionar al poder sin sentir que por hacerlo quedan colocados en una lista de adversarios.

Y aquí aparece nuevamente el centralismo.

No necesariamente aquel centralismo decimonónico declarado abiertamente en una Constitución, sino uno mucho más moderno y discreto: concentrar decisiones, disminuir contrapesos, disciplinar mayorías y justificar todo bajo el argumento de que existe un mandato popular.

Precisamente porque existe esa confianza depositada por millones de ciudadanos en el Gobierno es que debe cuidarse todavía más.

La confianza también tiene límites.

Y un gobierno fuerte no debería temerles a los contrapesos; debería entender que son precisamente éstos los que evitan que la fortaleza termine convertida en otra cosa.

Después de doscientos años discutiendo entre centralistas y federalistas, sería curioso descubrir que la historia solamente estaba esperando su oportunidad para volver a empezar.

Saludos desde mi trinchera.

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