Las elecciones anticipadas en España fueron convocadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de una etapa marcada por dificultades para avanzar con su agenda parlamentaria y por el rechazo del Congreso a dos decretos relacionados con vivienda. El 5 de octubre, Sánchez anunció la disolución de las Cortes Generales y la celebración de elecciones generales el próximo 29 de noviembre, tras informar al jefe del Estado.

La decisión llegó tres días después de que el Congreso de los Diputados rechazara la convalidación de dos reales decretos-ley aprobados por el Ejecutivo. El primero, el Real Decreto-ley 26/2026, contemplaba medidas para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. El segundo, el Real Decreto-ley 27/2026, planteaba modificaciones para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Ambos fueron sometidos a debate y votación en el Pleno el 2 de octubre.

Los textos abordaban distintas medidas sobre el mercado de vivienda. El primero incluía, entre otras disposiciones, un régimen temporal de suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, medidas para incrementar el parque público y mecanismos de fomento de la vivienda asequible. El segundo modificaba la Ley de Arrendamientos Urbanos para ampliar la continuidad de determinados contratos de vivienda habitual y elevaba de cuatro a seis meses el plazo de preaviso para los arrendadores.

El rechazo parlamentario constituye el antecedente inmediato de la convocatoria, pero Sánchez no presentó su decisión únicamente como una reacción a esa votación. En su declaración institucional, explicó que durante la legislatura su Gobierno no había conseguido completar todas las medidas que se había propuesto y señaló como asuntos pendientes la desigualdad, los servicios públicos y el acceso a la vivienda. Según su propia explicación, el Ejecutivo necesita renovar y ampliar su respaldo ciudadano para avanzar con esas reformas.

Sánchez también vinculó el adelanto electoral con la situación parlamentaria que ha enfrentado su Gobierno. En su intervención sostuvo que la legislatura se ha desarrollado con dificultades para alcanzar acuerdos en el Congreso y afirmó que, para impulsar las reformas pendientes, necesita que las próximas Cortes le proporcionen una mayoría más amplia. Esta es la justificación expresada por el presidente y no una valoración independiente sobre la composición o viabilidad del Gobierno.

La vivienda ocupa un lugar central en el contexto inmediato de la convocatoria. Los dos decretos rechazados habían sido aprobados por el Consejo de Ministros el 29 de septiembre y fueron llevados al Congreso apenas unos días después. Su contenido incluía medidas sobre alquileres, protección de personas vulnerables, vivienda pública y promoción de vivienda asequible. La derrota parlamentaria dejó sin convalidación esas normas, antes de que Sánchez anunciara el adelanto electoral.

La convocatoria también supone el cierre anticipado de la actual legislatura. Sánchez informó que, tras comunicar su decisión al jefe del Estado, convocaría un Consejo de Ministros extraordinario para formalizar la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral. La Moncloa indicó que el decreto correspondiente se publicará en el Boletín Oficial del Estado, momento en el que comenzará formalmente el calendario electoral.

El presidente fijó el 29 de noviembre como fecha de los comicios generales. En su declaración, explicó que la ciudadanía deberá decidir la composición de las próximas Cortes y, con ello, el respaldo parlamentario con el que contará el próximo Gobierno. La convocatoria se produce así después de que el Ejecutivo identificara la dificultad para avanzar en determinadas reformas y planteara la necesidad de obtener un mandato parlamentario diferente.

Las elecciones anticipadas en España serán, por tanto, la vía mediante la cual se renovará el Congreso de los Diputados y el Senado. La siguiente etapa será la publicación oficial de la convocatoria en el BOE y la puesta en marcha de los plazos electorales que conducirán a la votación del 29 de noviembre.