Las protestas que durante las últimas semanas han protagonizado trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social no deberían entenderse únicamente como una disputa salarial. Médicos, enfermeras, camilleros, trabajadores sociales, personal administrativo, de intendencia, ambulancias y otras áreas han llevado a las calles reclamos por remuneraciones, falta de personal, medicamentos, materiales, equipo e insumos.

El problema, por tanto, rebasa una negociación sindical. Estamos frente a una advertencia sobre las condiciones en las que funciona una parte fundamental del sistema público de salud.

Y responder simplemente que no hay dinero resulta insuficiente.

Porque un presupuesto no solamente muestra cuánto dinero tiene un gobierno. También revela cuáles son sus prioridades.

El caso de los médicos residentes permite dimensionar la contradicción.

El tabulador IMSS-SNTSS que estuvo vigente del 16 de octubre de 2025 al 15 de octubre de 2026 establecía para los médicos residentes dos componentes: sueldo mensual y beca. La suma ascendía a 6,259.16 pesos para un R1; 6,755.56 para un R2; 6,920.82 para un R3; 7,087.26 para un R4 y 7,976.78 incluso para un R8.

No estamos hablando de estudiantes que apenas comienzan Medicina. Estamos hablando de médicos titulados que continúan su formación como especialistas dentro de hospitales y participan directamente en la atención de pacientes. El IMSS cuenta actualmente con más de 25 mil médicos residentes en formación, sometidos además a jornadas que pueden alcanzar entre 60 y 80 horas semanales.

Ahora vale la pena observar otra cifra.

Jóvenes Construyendo el Futuro entrega en 2026 9,582.47 pesos mensuales, además de cobertura médica del IMSS, a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan y se incorporan a un centro de trabajo para capacitarse. Para este año, el programa dispone de más de 25 mil millones de pesos.

El contraste es difícil de ignorar.

Con el tabulador que estuvo vigente hasta el pasado 15 de octubre, un residente R1 tenía una percepción mensual 3,323 pesos inferior al apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro. Incluso el total tabular de un residente R8 permanecía aproximadamente 1,606 pesos por debajo.

El problema no son los jóvenes beneficiarios ni la existencia del programa. Facilitar la incorporación al mercado laboral de quienes se encontraban fuera de la escuela y del empleo constituye un objetivo legítimo de política pública.

El problema está en las prioridades que revela el presupuesto.

¿Cómo puede el Estado considerar adecuado garantizar 9,582 pesos mensuales y seguridad social a quien comienza una capacitación para incorporarse al mercado laboral y, al mismo tiempo, mantener niveles tabulares inferiores para médicos que ya concluyeron una carrera universitaria, se están formando como especialistas y participan diariamente en la atención de personas cuya salud —y en ocasiones cuya vida— depende de su trabajo?

No es una comparación entre personas.

Es una comparación entre decisiones del Estado.

Y permite cuestionar una respuesta demasiado frecuente: que simplemente no existen recursos.

Los recursos públicos son escasos, por supuesto. Pero precisamente por eso existe el presupuesto: para jerarquizar necesidades.

Un ejercicio sencillo permite dimensionarlo. Si se tomara únicamente como referencia la diferencia de 3,323 pesos mensuales entre el antiguo total de un R1 y el apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro, y se aplicara a los aproximadamente 25 mil residentes del IMSS, cerrar una brecha de ese tamaño tendría un costo máximo teórico cercano a mil millones de pesos anuales.

En realidad sería menor si se consideraran los distintos grados de residencia, porque la diferencia disminuye conforme avanza la especialidad.

Eso equivale aproximadamente a 4% del presupuesto anual de Jóvenes Construyendo el Futuro.

No significa que deban retirarse becas a 25 mil jóvenes para transferírselas a 25 mil médicos. Esa sería una simplificación presupuestaria absurda.

Significa algo mucho más importante: corregir una disparidad de este tamaño constituye una decisión presupuestaria cuantificable, no una imposibilidad financiera abstracta.

Además, la presión de los trabajadores ya produjo una modificación. Después del rechazo a la propuesta salarial anterior, el IMSS y el sindicato alcanzaron este 21 de octubre un incremento global de 8%, compuesto por 4% directo al salario tabular y 4% en ayuda para renta.

Es un avance.

Pero difícilmente cierra una discusión que involucra mucho más que salarios.

Los residentes son solamente un ejemplo.

Las inconformidades alcanzan a enfermería, técnicos, camilleros, trabajadores sociales, personal administrativo, de mantenimiento, intendencia y otras categorías indispensables para mantener funcionando clínicas y hospitales.

Por ello, dignificar las condiciones laborales exige revisar remuneraciones, jornadas, prestaciones, contratación y cargas de trabajo del conjunto del personal sanitario.

Pero dignificar las condiciones laborales apenas resolvería una parte del problema.

Los trabajadores también denuncian carencias de medicamentos, equipo, materiales e insumos. El gobierno, por su parte, presenta porcentajes elevados de abasto y millones de piezas adquiridas y distribuidas.

Pero comprar no significa necesariamente surtir.

El propio subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, ha reconocido incumplimientos de proveedores y problemas de distribución. En información reciente señaló que, considerando IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, los proveedores habían entregado alrededor de 87% de los medicamentos requeridos durante el último mes, lo que deja un incumplimiento cercano a 13%.

Ahí está una de las grandes paradojas del sistema.

Una medicina adquirida pero no entregada a la unidad que la necesita no cura a nadie. Una caja almacenada en algún punto de la red no resuelve la receta del paciente que regresa a casa sin su tratamiento.

Y un porcentaje nacional de abasto puede lucir extraordinariamente bien en una presentación y significar absolutamente nada para quien pertenece al porcentaje que no recibió su medicamento.

México lleva años modificando sus mecanismos de adquisición y distribución de medicamentos.

Combatir corrupción, concentración de proveedores y sobreprecios era necesario. Pero desmontar mecanismos existentes obligaba a garantizar previamente que aquellos destinados a sustituirlos pudieran funcionar.

El problema no fue intentar cambiar el sistema.

El problema fue modificarlo sin garantizar que el sustituto funcionara mejor.

Las consecuencias de esas decisiones no quedaron atrapadas en expedientes administrativos. Llegaron hasta las farmacias hospitalarias, los consultorios y, finalmente, los pacientes.

Y entonces aparece inevitablemente Dinamarca.

Al concluir su gobierno, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el sistema mexicano de salud ya era mejor que el danés. No fue una metáfora ni una interpretación posterior. Cuando se le cuestionó directamente sobre aquella afirmación, insistió en que no se trataba de una broma.

Los datos permiten evaluar aquella promesa.

La OCDE reporta que México destina alrededor de 5.9% de su PIB a salud, frente a aproximadamente 9.4% de Dinamarca.

Pero la distancia se vuelve todavía mayor al observar el gasto por habitante ajustado por poder adquisitivo: alrededor de 1,588 dólares en México frente a 7,071 en Dinamarca.

México dispone además de aproximadamente 2.7 médicos y tres enfermeras por cada mil habitantes. Dinamarca cuenta con alrededor de 4.5 médicos y 10.5 enfermeras.

No éramos Dinamarca.

Mucho menos estábamos por encima de ella.

Reconocerlo no significa negar cualquier avance realizado durante los últimos años. Se han contratado profesionales, incrementado espacios para formación de especialistas, inaugurado hospitales y adquirido equipamiento.

Pero precisamente por eso la discusión debe abandonar la propaganda.

México necesita gastar más en salud y gastar mejor.

Incrementar el presupuesto sin corregir compras, distribución, mantenimiento, contratación, infraestructura y administración puede simplemente producir un sistema más caro con las mismas deficiencias.

Pero exigir eficiencia tampoco puede convertirse en pretexto para mantener un nivel de recursos considerablemente inferior al de los países con los que alguna vez se pretendió comparar al sistema mexicano.

La salida exige ambas cosas.

Una revisión integral de las remuneraciones y condiciones laborales del personal sanitario; una ruta presupuestaria plurianual para incrementar los recursos destinados al sector; mecanismos públicos de trazabilidad de medicamentos hasta cada unidad médica; mantenimiento programado de hospitales y equipos; cobertura efectiva de plazas y evaluación permanente de los mecanismos de compra y distribución.

No todo puede resolverse mañana.

Pero tampoco todo puede seguir justificándose con el pasado o con la falta de dinero.

Después de años de reformas, instituciones sustituidas, sistemas de compra modificados, federalización de servicios y promesas de alcanzar —y hasta superar— a Dinamarca, la vara debería ser bastante más sencilla:

Que el médico tenga con qué trabajar.

Que la enfermera pueda atender en condiciones dignas.

Que quienes mantienen funcionando un hospital reciban una remuneración acorde con su responsabilidad.

Y que cuando un paciente llegue a una institución pública encuentre personal, equipo, insumos y medicamentos.

Porque la calidad de un sistema de salud no se demuestra en una conferencia de prensa ni mediante un porcentaje nacional de abasto.

Se demuestra frente a la cama de un paciente.