El asesinato del periodista Eduardo Flores Salado, cuyo cuerpo fue localizado el pasado sábado en Acapulco, vuelve a colocar sobre la mesa una realidad que México lleva demasiado tiempo sin resolver: ejercer el periodismo continúa siendo una actividad de alto riesgo en distintas regiones del país, mientras las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y procurar justicia siguen enfrentando enormes dificultades para ofrecer resultados.
Flores Salado colaboraba con Enfoque Informativo Guerrero, había trabajado en Novedades Acapulco y participaba en organizaciones del gremio periodístico. Su muerte ha provocado indignación entre sus compañeros, quienes este lunes salieron a las calles para exigir una investigación que permita identificar y sancionar a los responsables.
La Fiscalía de Guerrero abrió una carpeta por homicidio calificado. Hasta ahora, sin embargo, no se ha establecido públicamente si el crimen estuvo relacionado con su actividad profesional. Esa circunstancia debe investigarse con seriedad, sin descartar ninguna línea y sin adelantar conclusiones que las pruebas todavía no permiten sostener.
Lo que sí sabemos es que México tiene un problema estructural de violencia contra periodistas y, sobre todo, de impunidad.
De acuerdo con ARTICLE 19, desde el año 2000 han sido asesinados más de 180 periodistas en el país y otros 32 permanecen desaparecidos. Las cifras son suficientemente graves por sí mismas, pero detrás de cada una existe una historia que difícilmente puede reducirse a un registro estadístico. Hay familias que esperan justicia, redacciones que pierden a sus compañeros y comunidades que dejan de recibir información sobre asuntos que afectan directamente su vida cotidiana.
Porque cuando se asesina a un periodista, el daño puede extenderse mucho más allá de la víctima y de sus familiares.
El periodismo cumple una función indispensable en cualquier sociedad democrática. Investiga decisiones públicas, documenta abusos, cuestiona versiones oficiales y permite que los ciudadanos conozcan aquello que quienes ejercen el poder, legal o ilegalmente, preferirían mantener fuera del escrutinio.
En regiones donde la violencia y la presencia del crimen organizado condicionan buena parte de la vida pública, esa función adquiere todavía mayor importancia. También aumenta el riesgo para quienes investigan y publican.
Y cuando el miedo termina imponiéndose, no solamente se pierde una voz: se abre espacio para el silencio, la desinformación y la ausencia de contrapesos.
México cuenta desde 2012 con un Mecanismo federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Su existencia representa un reconocimiento institucional de los riesgos que enfrentan quienes ejercen estas actividades. También existen fiscalías y procedimientos especializados para investigar delitos contra la libertad de expresión.
El problema es que disponer de instituciones, leyes y protocolos no garantiza, por sí mismo, que las personas estén protegidas.
Los mecanismos deben evaluarse por su capacidad para prevenir agresiones, responder oportunamente a las amenazas y coordinarse con las autoridades locales. Las fiscalías, por su parte, deben responder por los resultados de sus investigaciones. De poco sirve anunciar nuevas medidas de protección si quienes amenazan o asesinan pueden actuar convencidos de que difícilmente enfrentarán consecuencias.
La impunidad no solamente representa una deuda con las víctimas. También genera condiciones para que la violencia se repita.
Por eso, el caso de Eduardo Flores Salado exige algo más que las condolencias habituales y el compromiso de realizar investigaciones exhaustivas. La Fiscalía de Guerrero debe esclarecer las circunstancias del homicidio, agotar las líneas de investigación pertinentes —incluida su posible relación con el ejercicio periodístico— e informar oportunamente sobre los avances que legalmente puedan hacerse públicos.
También corresponde revisar las condiciones de seguridad de los periodistas que trabajan en Guerrero, particularmente en Acapulco, donde la cobertura de violencia, corrupción, seguridad pública y problemáticas sociales coloca a muchos comunicadores frente a riesgos que no deberían enfrentar solos.
La respuesta institucional tendría que extenderse al ámbito nacional. Es necesario evaluar de manera independiente el funcionamiento del Mecanismo de Protección, identificar sus fallas de coordinación, fortalecer la prevención y establecer indicadores públicos que permitan conocer cuántas amenazas se atienden, qué medidas resultan efectivas y cuántas investigaciones concluyen con responsabilidades acreditadas.
No se trata únicamente de destinar más recursos, aunque una protección adecuada requiere presupuesto. Se trata de garantizar que esos recursos produzcan resultados y que las autoridades responsables puedan rendir cuentas.
También los gobiernos, independientemente del partido que los encabece, tienen una responsabilidad que no debería ser motivo de discusión: respetar el trabajo de la prensa, incluso cuando sus investigaciones, preguntas o críticas resulten incómodas.
La libertad de expresión no existe solamente para proteger las opiniones con las que estamos de acuerdo. Su verdadero valor aparece precisamente cuando permite cuestionar al poder sin temor a represalias.
Desde luego, ejercer el periodismo no coloca a nadie por encima de la ley ni convierte toda agresión contra un comunicador, automáticamente, en un crimen motivado por su profesión. Pero su condición de periodista obliga a investigar esa posibilidad con especial cuidado, porque las consecuencias de ignorarla pueden afectar el derecho de toda la sociedad a estar informada.
México necesita dejar de responder a cada asesinato con el mismo ciclo de indignación, pronunciamientos y promesas. Necesita investigaciones que lleguen a conclusiones, mecanismos de protección que funcionen y autoridades capaces de demostrar que la violencia contra la prensa tiene consecuencias.
El asesinato de Eduardo Flores Salado no debe convertirse en otro expediente que se acumule entre los pendientes de la justicia mexicana.
Detrás de su nombre hay una familia, compañeros de profesión y una comunidad que merece conocer la verdad.
Y detrás de cada periodista que continúa trabajando bajo amenazas existe una responsabilidad del Estado que no puede seguir postergándose.
Informar no debería ser un acto de valentía. Debería ser el ejercicio cotidiano de una libertad que las instituciones están obligadas a proteger.

