El Gobierno federal anunció una reestructuración de Talleres Gráficos de México (TGM) para ampliar su capacidad de producción y fortalecer su participación en la impresión de documentación oficial y electoral. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó este miércoles los cambios previstos en el decreto presidencial y confirmó el nombramiento de Viridiana Gabriela Yáñez Rivas como directora general del organismo.
El plan busca que TGM atienda una mayor proporción de los requerimientos del Instituto Nacional Electoral (INE), los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y otras dependencias. La reorganización contempla controles sobre contrataciones, un padrón público de proveedores y cambios en la Junta de Gobierno. El objetivo es ampliar la participación de una institución pública en la producción de materiales que requieren procesos de impresión y distribución con estándares de seguridad.
Rodríguez explicó que la transformación tendrá dos etapas. La primera, de noviembre de 2026 a junio de 2027, se concentrará en la reorganización administrativa, la transparencia de contratos y la vigilancia de adquisiciones. La segunda, de julio de 2027 a 2030, buscará consolidar el proyecto de una Imprenta Nacional de México, modernizar instalaciones y ampliar la capacidad productiva.
Nueva dirección y cambios en la supervisión
Viridiana Gabriela Yáñez Rivas es licenciada en Sociología, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos y doctora en Políticas Públicas. Ingresó a TGM en diciembre de 2025 como gerente de Cotizaciones y Servicios Técnicos, donde participó en tareas de planeación institucional, revisión de cotizaciones y gestión de certificaciones.
Uno de los cambios centrales es la ampliación de la Junta de Gobierno, que pasará de cuatro a siete integrantes. A los representantes de dependencias federales se incorporarán tres perfiles propuestos por instituciones académicas: Raúl Juan Contreras Bustamante, por la Universidad Nacional Autónoma de México; Ángel Eustorgio Rivera González, por el Instituto Politécnico Nacional, y Josefina Cortés Campos, por el Tecnológico de Monterrey.
La nueva integración busca sumar experiencia técnica y académica a las decisiones del organismo. También se contempla crear un padrón público de contratistas y proveedores, así como publicar información sobre contratos y convenios. Las empresas deberán acreditar capacidad técnica, material, operativa, administrativa y financiera para participar en los procedimientos.
El proyecto prevé restricciones para proveedores sancionados o con impedimentos legales, además de auditorías y revisiones de adquisiciones. La intención es hacer consultables las contrataciones y verificar la capacidad de los proveedores.
El proyecto de Imprenta Nacional se extenderá hasta 2030
Durante la primera etapa, el Gobierno plantea homologar tarifas para el INE y los organismos electorales locales mediante un catálogo común de materiales y especificaciones. La medida busca facilitar la comparación de precios y reducir diferencias entre entidades, aunque dependerá de que TGM pueda responder a los volúmenes y calendarios de cada autoridad.
La segunda fase contempla impulsar una Ley de la Imprenta Nacional de México y promover modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La propuesta busca establecer que determinadas categorías de documentación electoral y documentos de seguridad sean producidos por instituciones públicas. Para ello, se prevé modernizar maquinaria, desarrollar una planta propia y crear un Almacén Nacional de Materiales Electorales.
Ese almacén permitiría recuperar, reparar y reutilizar urnas, canceles y otros insumos entre procesos electorales, en lugar de adquirir todos los materiales nuevamente. La estrategia pretende reducir costos, aunque requerirá capacidad logística para almacenar, trasladar y acondicionar los materiales antes de cada elección.
La reestructuración no significa que el INE pierda autonomía ni facultades para organizar elecciones. La impresión y distribución de materiales son tareas operativas; la conducción de los procesos y las decisiones electorales permanecen bajo responsabilidad de las autoridades electorales.
El reto será demostrar que TGM puede ofrecer calidad, precios competitivos y entregas oportunas, además de mantener controles que eviten conflictos de interés. La aplicación del decreto, la inversión en infraestructura y los cambios legales determinarán si el organismo logra asumir una participación mayor en la producción de documentación oficial y electoral.

