21 de noviembre de 2026

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El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un modelo para organizar el voto de personas en prisión preventiva durante el proceso electoral de 2027, mediante procedimientos anticipados que involucrarán 261 centros penitenciarios de 21 entidades federativas. El acuerdo, discutido por el Consejo General el 5 de noviembre de 2026, establece mecanismos de coordinación con autoridades penitenciarias, utilización de boletas impresas y medidas para proteger la secrecía del sufragio. La decisión adquiere relevancia porque busca garantizar los derechos políticos de personas que permanecen privadas de la libertad sin contar con una sentencia condenatoria.

El modelo forma parte de los preparativos del proceso electoral concurrente 2026-2027, en el que se renovarán cargos federales y locales.

Su aplicación dependerá de las condiciones jurídicas y operativas correspondientes a cada entidad.

La medida tampoco significa que todas las personas privadas de la libertad podrán votar automáticamente, pues existen requisitos de elegibilidad y procedimientos específicos.

Presunción de inocencia y derechos políticos

El fundamento de este mecanismo se encuentra en el reconocimiento del derecho al voto de las personas sujetas a prisión preventiva.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido criterios para garantizar ese derecho, considerando que estas personas no cuentan con una sentencia que determine definitivamente su responsabilidad penal.

El principio de presunción de inocencia tiene consecuencias que trascienden el procedimiento judicial.

También obliga a las instituciones a examinar qué restricciones de derechos resultan constitucionalmente justificadas.

En este caso, el INE debe crear condiciones para ejercer el sufragio sin comprometer la seguridad de los centros penitenciarios.

El modelo aprobado contempla actividades de preparación, votación anticipada, resguardo documental y procesamiento de los resultados.

Las autoridades electorales señalaron que la operación requerirá coordinación permanente con las administraciones penitenciarias.

En las 17 entidades donde se elegirán gubernaturas, las personas que cumplan los requisitos podrán participar en esa elección.

También se contemplan otros cargos locales cuando la legislación correspondiente permite esta modalidad.

Por ello, el alcance de la votación no será idéntico en todos los estados.

Boletas impresas y debate sobre tecnología

El Consejo General mantuvo el uso de boletas físicas como mecanismo principal para recibir los sufragios.

La decisión responde a condiciones de seguridad, restricciones de conectividad y necesidades de control documental dentro de los centros penitenciarios.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana consideró que el procedimiento impreso ofrece condiciones operativas más adecuadas que determinadas alternativas digitales.

Sin embargo, durante la discusión surgieron diferencias sobre la conveniencia de comenzar pruebas con urnas electrónicas.

La consejera Carla Humphrey propuso evaluar un programa piloto limitado en instalaciones que reunieran requisitos técnicos y de seguridad.

Señaló que las autoridades penitenciarias habían identificado centros donde podrían existir condiciones para utilizar herramientas electrónicas.

Su planteamiento buscaba conservar las boletas impresas y comprobar, de manera complementaria, la viabilidad de otros mecanismos.

La discusión también incluyó preocupaciones sobre vigilancia partidista, protección de datos personales y prevención de posibles presiones sobre los votantes.

Estas garantías resultan especialmente importantes cuando el ejercicio del sufragio se desarrolla dentro de instituciones donde las personas no pueden desplazarse libremente.

Como antecedente, el INE informó que 26,563 personas en prisión preventiva participaron en la votación de 2024.

En 2025 se registraron 1,867 participantes en ejercicios realizados en Durango y Veracruz.

La experiencia demuestra que la modalidad ya cuenta con antecedentes operativos, aunque su ampliación requiere adaptar procedimientos a cada elección.

El siguiente paso será formalizar los convenios de coordinación, definir instalaciones participantes y preparar documentación y personal.

La efectividad del modelo deberá medirse mediante personas elegibles, participación efectiva y cumplimiento de las garantías de libertad y secrecía.

El acuerdo representa una ampliación de los mecanismos para ejercer derechos políticos, pero su resultado dependerá de la aplicación efectiva durante las elecciones de 2027.

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