21 de noviembre de 2026

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que durante el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum aumentó 40 por ciento el personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y 60 por ciento el de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El anuncio lo hizo durante la XXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, donde pidió extender a las 32 entidades las operaciones conjuntas entre autoridades federales y estatales.

El crecimiento de ambas áreas, explicó, busca ampliar la capacidad para analizar información, desarrollar investigaciones y convertir los datos proporcionados por las autoridades locales en acciones operativas. En el caso del CNI, el incremento permite incorporar más analistas de gabinete e investigadores de campo; para la UIF, supone reforzar el análisis de operaciones financieras que pueden aportar indicios sobre estructuras y recursos de organizaciones delictivas.

Harfuch sostuvo que la información de inteligencia debe utilizarse de manera continua y traducirse en detenciones y resultados para la población, en lugar de permanecer almacenada. Sin embargo, las cifras de crecimiento de personal describen la ampliación de las plantillas, no constituyen por sí mismas una medición de eficacia. Para evaluar su impacto será necesario conocer las investigaciones que derivan de ese trabajo y sus resultados judiciales.

Más personal para inteligencia y análisis financiero

El CNI participa en la recopilación y análisis de información relacionada con amenazas a la seguridad nacional, mientras que la UIF examina operaciones financieras e identifica posibles esquemas vinculados con recursos de procedencia ilícita. Ambas instancias atienden distintas dimensiones de las estructuras criminales: sus actividades operativas y sus redes financieras.

Harfuch señaló que el reforzamiento continuará y que las capacidades federales deben ponerse al servicio de las entidades, especialmente cuando sus investigaciones requieran análisis especializado o intercambio de información.

La ampliación de las áreas de inteligencia se presentó en una reunión cuyo objetivo también fue revisar la coordinación territorial. El funcionario pidió que los operativos conjuntos, que ya se realizan de manera frecuente en algunas entidades, se extiendan al conjunto del país. La propuesta requiere comunicación directa e intercambio de información para identificar objetivos y coordinar intervenciones.

Cinco acuerdos para fortalecer la coordinación estatal

Durante la asamblea, autoridades federales y representantes de las 32 entidades aprobaron cinco acuerdos. Entre ellos se encuentra actualizar el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, con el propósito de contar con información vigente sobre los integrantes de las corporaciones y mejorar el análisis de su estado de fuerza.

También acordaron impulsar el desarrollo de las instituciones policiales mediante el fortalecimiento del servicio profesional de carrera y los regímenes disciplinarios. Otro compromiso fue crear una Red Temática para la Prevención del Reclutamiento Criminal de Niñas, Niños y Adolescentes, orientada a coordinar acciones para evitar que menores sean incorporados a actividades delictivas.

Los otros dos acuerdos se enfocan en fortalecer las capacidades institucionales y la coordinación para la búsqueda y localización de personas, así como promover el reconocimiento y la difusión de las licencias de conducir digitales.

La actualización del registro policial enfrenta un rezago. Durante la misma asamblea, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que había más de 18 mil movimientos pendientes, entre altas y bajas de integrantes de corporaciones. El programa de regularización deberá concluir antes del cierre de 2026, de acuerdo con lo reportado.

En el encuentro también se expusieron experiencias regionales. Laureano Carrillo, secretario de Seguridad de Baja California, describió mecanismos de coordinación entre entidades fronterizas y agencias estadounidenses para atender zonas con alta incidencia de tráfico ilícito. Asimismo, se mencionó la creación de una división especial para la frontera por parte del gobierno de Sonora.

Su alcance dependerá de que las plantillas reforzadas se traduzcan en investigaciones sustentadas y de que los compromisos aprobados tengan responsables, plazos y mecanismos de evaluación.

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