UNICEF pidió a los gobiernos convertir sus compromisos de protección de la infancia en inversión sostenida durante la Segunda Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra los Niños, celebrada el 18 y 19 de noviembre de 2026 en Manila, Filipinas. El organismo presentó datos internacionales que estiman que 1,600 millones de niños, aproximadamente dos de cada tres, experimentan disciplina violenta en el hogar. La reunión reúne a autoridades, especialistas, sobrevivientes y jóvenes para revisar medidas de prevención, atención y protección, dos años después de los compromisos adoptados en Bogotá.
El mensaje central de UNICEF distingue las declaraciones gubernamentales de los resultados verificables. Un compromiso político puede establecer una prioridad, pero para proteger a niñas y niños necesita presupuesto, personal capacitado, instituciones responsables y mecanismos que permitan comprobar si disminuye la exposición a violencia.
Las decisiones y sus alcances
Los datos globales compilados por la organización indican que uno de cada ocho menores experimenta castigos físicos severos. Estas estimaciones abarcan diferentes países y periodos de medición; no deben interpretarse como una tasa específica para México ni como un conteo de hechos registrados exclusivamente durante 2026.
La violencia infantil no se limita al castigo físico. También comprende agresiones psicológicas, violencia sexual, negligencia y explotación en entornos digitales. Según UNICEF, alrededor de 650 millones de mujeres y niñas actualmente vivas experimentaron alguna forma de violencia sexual durante la infancia, así como entre 410 y 530 millones de hombres y niños.
La organización subraya que esas cifras provienen de estimaciones de prevalencia y experiencias acumuladas, por lo que no equivalen a denuncias presentadas ante autoridades judiciales. Además, el riesgo de no denunciar puede dificultar el conocimiento completo del fenómeno. La interpretación requiere prudencia para no confundir categorías o periodos.
En el ámbito doméstico, UNICEF calcula que unos 610 millones de niños viven con madres que experimentaron violencia de pareja durante el último año. La exposición a conflictos y agresiones dentro del hogar puede afectar el bienestar, la seguridad y las oportunidades educativas, aunque sus consecuencias varían entre personas y contextos.
El entorno digital constituye otro eje de la conferencia. La información presentada estima que unos 20 millones de adolescentes de entre 12 y 17 años, en un conjunto de 21 países examinados, experimentaron explotación o abuso sexual facilitado por tecnología en un año. Esta medición no debe extrapolarse automáticamente a toda la población adolescente mundial.
Consecuencias y próximos pasos
En esos casos, cerca de 60% de los incidentes se relacionó con plataformas de redes sociales y más de la mitad involucró a alguien conocido por la víctima. Los hallazgos ponen de relieve que la prevención no depende solamente de advertir sobre desconocidos, sino también de educación, canales de denuncia y acompañamiento adecuado.
Durante la reunión, UNICEF solicitó fortalecer programas de apoyo a padres y cuidadores, escuelas seguras y sistemas capaces de detectar riesgos y responder a situaciones de violencia. También pidió que las decisiones cuenten con financiamiento duradero. Las medidas concretas deben adaptarse a capacidades institucionales y condiciones sociales de cada país.
Las acciones preventivas pueden incluir capacitación de docentes, atención a familias, mecanismos de protección social y servicios especializados para víctimas. Sin embargo, una política pública eficaz necesita identificar cuáles intervenciones tienen resultados demostrados en cada contexto. También requiere sistemas estadísticos capaces de dar seguimiento sin poner en peligro la privacidad de los menores. La participación de sobrevivientes debe realizarse con salvaguardas adecuadas.
Para los gobiernos participantes, el desafío posterior será transparentar qué compromisos asumieron, cuánto dinero destinan y qué indicadores utilizarán para evaluar su cumplimiento. La conferencia de Manila ofrece una oportunidad de coordinación internacional, pero su impacto deberá medirse fuera de las declaraciones, mediante políticas efectivas y mejores condiciones de protección para la infancia.

