A pesar de los esfuerzos por reformar el Poder Judicial, el Congreso de la Unión sigue sin avanzar en numerosas iniciativas que buscan mejorar el sistema de procuración e impartición de justicia en México. Desde 2018, ambas cámaras han acumulado 492 propuestas legislativas relacionadas con la seguridad, las fiscalías y el sistema penitenciario, muchas de las cuales permanecen congeladas.
Entre las iniciativas pendientes destaca la presentada en 2019 por una diputada de Morena, que busca sustituir la Ley Nacional de Ejecución Penal por un nuevo Código Nacional Penitenciario. La propuesta pretende mejorar la administración de prisiones y la reinserción social de los reclusos. También está la iniciativa de un diputado del PAN de 2024, que obligaría a todas las fiscalías estatales a rendir informes periódicos sobre su desempeño, permitiendo la comparecencia y sanción de sus titulares en caso de irregularidades.
Otras propuestas buscan fortalecer a las policías estatales con más recursos jurídicos y financieros. Una de las más recientes, impulsada por la diputada de Movimiento Ciudadano Laura Ballesteros el pasado 4 de marzo, plantea reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para mejorar las capacidades policiales y su función en la procuración de justicia cívica.
El investigador Fernando Escobar Ayala, experto en seguridad pública, considera que la reforma judicial impulsada recientemente tuvo un objetivo más político que estructural, al buscar debilitar la independencia del Poder Judicial en lugar de resolver los problemas de fondo. A su juicio, los principales obstáculos en materia de justicia incluyen la falta de presupuesto y capacitación para las policías, así como la carga excesiva sobre el Ministerio Público y las fiscalías.
La impunidad sigue siendo un problema grave en México. Según el Índice Global de Impunidad 2024, el país se encuentra entre los 15 con mayores niveles de impunidad en el mundo. Datos de Impunidad Cero revelan que solo 7 de cada 100 homicidios dolosos se resuelven y que el 99.6% de los casos de desaparición quedan sin justicia. Además, el Inegi reportó que en 2023 el 92.9% de los delitos no se denunciaron, en gran parte por la desconfianza en las autoridades. Mientras estas iniciativas permanecen sin avance, la falta de justicia sigue afectando a miles de víctimas en el país.
