El gobierno mexicano ha presentado una nueva reforma que propone convertir la Clave Única de Registro de Población (CURP) en un sistema de identidad digital obligatorio, incorporando datos biométricos como huellas dactilares y reconocimiento facial. Aunque el objetivo oficial es combatir la crisis de personas desaparecidas, organizaciones civiles y expertos en derechos digitales advierten sobre los peligros de esta medida, que podría dar paso a la vigilancia masiva, la exclusión social y ser una violación a la privacidad.
La propuesta no es inédita. En años anteriores, iniciativas similares como la «cédula única de identidad digital» fueron detenidas en el Senado debido a preocupaciones sobre la privacidad de los ciudadanos. Sin embargo, el gobierno federal ha decidido revivir la iniciativa, en medio de la indignación nacional por casos de desapariciones como el de Teuchitlán, añadiendo el polémico componente de la recolección de datos biométricos de toda la población.
Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), expresó su preocupación durante un conversatorio, señalando que la reforma no atiende las demandas reales de las familias de personas desaparecidas. «Es indigno utilizar el dolor de las familias para impulsar una política que ni siquiera aborda sus demandas», afirmó.
Uno de los mayores temores de los críticos de la reforma es que la CURP biométrica se convierta en la única identificación oficial, desplazando otros documentos esenciales como las credenciales de elector, pasaportes y actas de nacimiento. Esto implicaría la creación de una base de datos centralizada con huellas dactilares y rostros de toda la población, incluyendo menores de edad, lo que obligaría a su uso para trámites públicos y privados, como abrir cuentas bancarias o realizar gestiones en oficinas gubernamentales.
Aunque la iniciativa establece que los ciudadanos deben consentir el proceso de recolección de datos biométricos, activistas afirman que en la práctica la obligación será de hecho, ya que la CURP biométrica sería necesaria para acceder a servicios básicos. Marianne Díaz, activista en derechos digitales, explica que «si para acceder a servicios básicos necesitas la CURP biométrica, no hay libertad real para negarse».
Además de los riesgos de vigilancia y control, el sistema presenta problemas técnicos. Alex Argüelles, tecnólogo y activista, recordó que en otros países como Venezuela, los sistemas biométricos han afectado a grupos vulnerables, como personas trans, quienes no pudieron acceder a servicios debido a diferencias entre su apariencia y sus registros biométricos. En Chile, trabajadores manuales enfrentan dificultades debido al desgaste de sus huellas dactilares.
Luis Fernando García también advirtió que la implementación de este sistema en México podría extender la colaboración con Estados Unidos en cuanto al intercambio de datos biométricos, lo que ya se hace con migrantes detenidos. Esto podría facilitar la deportación masiva y abrir la puerta a una vigilancia generalizada de toda la población, en lugar de centrarse en las verdaderas causas de las desapariciones.
En resumen, la reforma de la CURP biométrica se presenta como una medida de seguridad, pero expertos y defensores de los derechos humanos argumentan que podría ser una amenaza significativa a la privacidad, el derecho a la identidad y las libertades civiles de los ciudadanos mexicanos.
