La Cámara de Diputados tiene previsto convertir en prioridad, para el periodo ordinario que inicia en septiembre, la propuesta de reforma constitucional enviada por la presidencia el 8 de julio. El objetivo central es facultar al Congreso para expedir una Ley General contra la extorsión, tipificada como delito grave, pero que carece de regulación homogénea en todo el país .
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, anticipa que la iniciativa será canalizada a comisiones judiciales o constitucionales este mes, con foros de debate en julio y agosto, para llegar a un dictamen antes de concluir septiembre. Busca eliminar la necesidad de denuncia por parte de la víctima, al convertir la extorsión en delito perseguible de oficio, con el Estado asumiendo la carga procesal .
La urgencia se sustenta en el crecimiento exponencial de esta práctica: afecta a sectores diversos —empresarios, comerciantes informales y familias— y representa un problema estructural de seguridad, agravado por el uso de mecanismos como «cobro de piso», secuestro virtual y fraude telefónico . Monreal confía en un fuerte consenso político, incluso con iniciativas previas del PAN, para consolidar una reforma eficaz.
El avance en la ruta legislativa es positivo, pero la efectividad real dependerá de que esta norma vaya acompañada con recursos adecuados a las fiscalías, capacitación judicial y coordinación interinstitucional. De lo contrario, puede quedar en letra sin impacto tangible en la reducción de la extorsión.
