México ha emprendido una reforma al Poder Judicial que introduce elecciones populares para jueces y magistrados, endurece mandatos y reduce el número de ministros de la Suprema Corte. Esta transformación implicará la renovación total de los cargos en 2025, con periodos escalonados de nueve años y posibilidad de reelección .
Organismos empresariales —como Coparmex, AMCHAM y CANCHAM— y socios internacionales advierten que el mecanismo compromete la independencia judicial, eleva costos, deteriora eficacia y genera incertidumbre para la inversión y el cumplimiento del TMEC . Incluso gobiernos extranjeros han expresado preocupación por cómo esta reforma podría afectar la confianza en el Estado de derecho .
En Nuevo León, expertos ya vislumbran el impacto inmediato: Roberto Fernández del Valle, de Santamarina & Steta, alerta sobre una justicia saturada, retrasos acumulados y una curva de aprendizaje acelerada entre los nuevos funciones judiciales . Además, tribunales clave en la Ciudad de México enfrentarían paros y cuellos de botella, aún sin cubrir vacantes ni contar con recursos humanos y tecnológicos adecuados.
La reforma responde al urgente diagnóstico de impunidad estructural, pero su implementación pone en jaque la imparcialidad y continuidad judicial. La elección de jueces podría politizar tribunales, mientras que la renovación masiva y simultánea amenaza con paralizar casos y erosionar experiencia acumulada.
Para evitar que el cambio se convierta en un retroceso institucional, se requiere acompañamiento con inversión en infraestructura judicial, capacitación profesional y mecanismos que garanticen imparcialidad. Sin estas medidas, la reforma podría agravar —en lugar de resolver— los problemas de acceso a una justicia eficaz y confiable.
