El gobierno francés está considerando implementar medidas de austeridad drásticas para reducir su déficit público, incluyendo la propuesta de un «año en blanco» fiscal en 2026 y la eliminación de días festivos. Estas iniciativas, que buscan sanear las finanzas públicas, reflejan la creciente presión sobre París para controlar su gasto y cumplir con las normativas fiscales de la Unión Europea. La situación subraya la difícil balanza entre la estabilidad económica y el impacto social de los recortes.
Entre las propuestas más controvertidas se encuentra la congelación de las jubilaciones, una medida que afectaría directamente a millones de pensionistas y que, históricamente, ha sido motivo de fuertes protestas en Francia. La eliminación de dos días festivos es otra de las ideas sobre la mesa, buscando incrementar la productividad laboral y, con ello, los ingresos fiscales. Estas acciones, de concretarse, representarían un giro significativo en la política social y económica del país.
La necesidad de reducir el déficit se ha vuelto apremiante, con la Unión Europea exigiendo a sus miembros mayor disciplina fiscal. Sin embargo, la implementación de estas medidas impopulares podría generar una fuerte resistencia social y política. El gobierno francés se enfrenta al desafío de convencer a la población de la urgencia de estos recortes, mientras intenta evitar una escalada de descontento que comprometa la estabilidad interna. La búsqueda de un equilibrio entre la salud financiera y la cohesión social será crucial para Francia en los próximos años.
