El gobierno argentino ha confirmado el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa pública encargada del suministro de agua potable y saneamiento en Buenos Aires y sus alrededores. Esta decisión forma parte de la ambiciosa agenda de reformas económicas del país, que busca reducir el déficit fiscal y promover la eficiencia mediante la desinversión de activos estatales. La privatización de una empresa de servicios esenciales como AySA es una medida de gran calado que generará un considerable debate.
La venta de AySA a capitales privados se alinea con la visión gubernamental de minimizar la intervención estatal en la economía y fomentar la participación del sector privado. Se argumenta que la gestión privada puede traer mayor eficiencia, inversión y una mejora en la calidad de los servicios, beneficiando finalmente a los usuarios. Sin embargo, este tipo de privatizaciones en servicios públicos históricamente han generado preocupación sobre el acceso equitativo, la asequibilidad de las tarifas y la calidad del servicio para las poblaciones más vulnerables.
El proceso de privatización de AySA será monitoreado de cerca por los distintos actores políticos, sociales y económicos. La transparencia en la valuación de la empresa y en las condiciones de venta será crucial para su legitimidad. La desincorporación de un activo tan estratégico como el suministro de agua y saneamiento es un paso audaz que reconfigurará el panorama de los servicios públicos en Argentina y pondrá a prueba la capacidad del gobierno para atraer inversiones privadas en un contexto económico complejo.
